El gobierno del ultraderechista Javier Milei y la oposición iniciaron una pulseada con resultado incierto en el Congreso para la sanción de un paquete de leyes que promueve una profunda reforma del Estado, cuya aprobación el mandatario considera clave para el futuro de su gestión.
Las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comenzaron a tratar en conjunto la iniciativa denominada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, que incluye la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, una reforma política y penas más duras contra las protestas, entre otros puntos.
El partido gobernante, la Libertad Avanza, es la tercera fuerza en el Congreso —no más de 40 diputados sobre un total de 257 y ocho senadores de 72— por lo que la capacidad de negociación del propio presidente Milei y sus legisladores se pondrán a prueba en el debate parlamentario.
Su aprobación o no también podría condicionar la gobernabilidad de Milei en un delicado contexto de inflación interanual de 200 por ciento, pobreza de 40 por ciento, abultado déficit fiscal, endeudamiento externo y escasez de dólares, mientras mercados e inversores siguen atentamente el devenir de los sucesos.
Proyecto incluye iniciativas que solo pueden ser aprobadas por el Congreso
En coincidencia con el inicio del debate parlamentario, la cotización del dólar en el mercado informal aumentaba casi 7 por ciento respecto a la víspera para fijarse en 1.120 pesos por unidad, un repunte que el gobierno atribuyó a una supuesta falta de celeridad de la política para avanzar en las reformas.
“Esta es una verdadera reforma del Estado”, resaltó Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, uno de los funcionarios que acudió al Parlamento para explicar el mega-proyecto de 200 páginas. “No veo por qué no se pueden dar facultades especiales para vencer el desorden y la pobreza”.
Barra defendió así uno de los puntos neurálgicos del proyecto: la delegación de facultades en principio por dos años en materia “económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social”. “Si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente”, advirtió Barra.
El proyecto también incluye iniciativas que solo puede aprobar el Congreso, como una reforma electoral, del Código Penal y de impuestos.
Además, habilita la privatización de empresas públicas y elimina la fórmula de movilidad jubilatoria que establecía los aumentos periódicos de jubilaciones según la inflación.
En otros puntos, autoriza a las universidades públicas a fijar aranceles para extranjeros no residentes; desregula el mercado editorial, elimina el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto del Teatro y flexibiliza legislación en materia medioambiental.
La primera reunión de comisiones legislativas expuso que la mayoría de las fuerzas políticas objeta el proyecto, aunque con matices.
“Quieren poner un estado de excepción. Ponerse encima de las normas constitucionales”, advirtió el diputado Leopoldo Moreau de Unión por la Patria (Peronismo), principal bloque opositor.
En tanto que Rodrigo De Loredo, líder del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), señaló que “la sociedad en su gran mayoría se ha expresado por un cambio que es profundo, que es sustancial y no es de formas. El gobierno dispone de un crédito electoral que es muy valioso”.
Sin embargo, cuestionó que el proyecto no propone ninguna medida concreta “para la estabilización económica y monetaria”.
El debate se da en el marco del período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo, que se extenderá hasta febrero.
Las comisiones deben emitir un dictamen para que la iniciativa sobre estas medidas se vote en la Cámara de Diputados y luego pase al Senado para convertirse en ley.