Apenas tres días antes de la toma de posesión prevista del nuevo gobierno en Guatemala, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, recibió un amparo de protección ante informaciones sobre una supuesta orden de aprehensión contra ella solicitada por la fiscalía, el mismo día en que fue detenido el exministro de Gobiernación por no haber desalojado a los manifestantes que rechazan la arremetida judicial al proceso electoral.
La vicepresidenta electa anunció el jueves que la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo provisional que ella misma solicitó en busca de protección, por tener inmunidad, ante una supuesta orden de aprehensión que emitió la fiscalía, quien la señala de haber incitado a estudiantes universitarios a tomar la universidad pública durante un año.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo en un mensaje en la red social “X” que “la incertidumbre y desconfianza institucional que han acompañado a Guatemala desde los resultados de las elecciones generales de 2023 deben cesar”.
También el jueves, el exministro de Gobernación de Guatemala, Napoléon Barrientos, fue detenido a petición de la fiscalía que lo acusa de presunto incumplimiento de deberes por no acatar una orden de la Corte de Constitucionalidad para desalojar a manifestantes que protestaban contra las acciones judiciales emprendidas contra el proceso electoral y en reclamo de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
En un mensaje de texto enviado a periodistas, la fiscalía dijo que la detención de Barrientos es por no “cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público”. El ente judicial allanó la vivienda del exfuncionario por la mañana.
Esposado, con un chaleco antibalas y dentro de una patrulla de la policía, Barrientos aseguró a periodistas que desconocía los motivos de su detención.
Tras la primera vuelta de las elecciones generales en Guatemala en junio de 2023 y el balotaje, la fiscalía inició acciones legales contra el proceso electoral, el presidente electo Bernardo Arévalo, su vicepresidenta Karin Herrera, magistrados electorales, empleados y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y los ciudadanos guatemaltecos que recibieron, contaron y resguardaron los votos.
En el marco de esas acciones legales, la fiscalía pidió a la Corte de Constitucionalidad acciones, incluso, el uso de la fuerza contra manifestantes que, hasta el jueves, seguían protestando pacíficamente frente a la fiscalía para exigir la renuncia de Porras, a quien señalan de querer desconocer los resultados electorales.
La policía, por orden de Barrientos, instó al diálogo con los manifestantes y evitar acciones violentas. Posteriormente se dio la renuncia del ministro.
La fiscalía no ha cesado en sus acciones contra el proceso electoral y confirmó al mediodía del jueves que un juez giró ordenes de detención contra cuatro magistrados electorales.
El 30 de noviembre de 2023 el Congreso retiró la inmunidad a esas mismas autoridades electorales para que la fiscalía las investigue por los delitos de fraude y abuso de autoridad por supuestas anomalías en la contratación del sistema de cómputo que anunció un conteo rápido de las elecciones.
Los magistrados electorales son Rafael Rojas, Irma Palencia, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, quienes salieron del país por temor a criminalización.
El miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el presidente guatemalteco saliente Alejandro Giammattei resaltó el trabajo de las fuerzas de seguridad al señalar que actuaron con prudencia frente a las protestas, “pese a la gravedad de la situación y las provocaciones permitió que los acontecimientos terminaran sin que hayamos tenido que lamentar la pérdida de vidas”, señaló.
Almagro resaltó el jueves además que “la responsabilidad democrática de todas las instituciones es imprescindible para aislar y neutralizar las acciones de boicot y conspiración del Ministerio Público contra la democracia y para desconocer el pronunciamiento del pueblo”. Además, agregó que “Bernardo Arévalo y Karin Herrera deben asumir este domingo como Presidente y Vicepresidenta constitucionales del país”, dijo.
El funcionario también condenó la detención de Barrientes “enérgicamente” como cualquier acción que atente contra lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad.
Arévalo, del progresista Movimiento Semilla y quien en la campaña a la Presidencia abanderó la lucha contra la corrupción, debe asumir el poder el domingo.