Un momento incómodo vivió este sábado la presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante una visita oficial a la región de Ayacucho, en el sur del país andino, cuando en un acto público la viuda de una de las víctimas en las protestas de 2022 le tiró de los cabellos.
Boluarte había asistido a los actos de colocación de la primera piedra de una obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, así como de obras de asfaltado en un poblado de la provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho, unos 330 kilómetros al sureste de Lima.
La agresión, que quedó registrada en videos y que fueron reproducidos por medios locales, deja ver cómo una mujer, que luego se identificó como Ruth Bárcena, se abalanzó sobre la mandataria y le tiró de los cabellos cuando ésta lanzaba caramelos hacia la multitud.
En los videos se escucha que las mujeres le gritan “asesina” a la presidenta.
El 15 de diciembre diez personas fueron asesinados en Ayacucho por el régimen de Dina Boluarte, entre ellos el esposo de Ruth Barcenas. Qué pensaba #DinaAsesina ? qué podía tirar caramelos y bailar sobre el dolor de todo un pueblo? Que se largue de una vez! #DinaRenuncia https://t.co/kddNfa9jvT
— Anahi Durand Guevara (@AnahiDurandG) January 20, 2024
El incidente duró unos segundos, pero luego de ser apartada por los agentes de seguridad, dijo ser la viuda de Leonardo Ancco, un operario de maquinaria que recibió un disparo en el tórax, durante las protestas contra Boluarte en diciembre de 2022.
“Cuál es el delito que he cometido, vine a pedir justicia por mi esposo”, reclamó. “Mataron a mi esposo, voy a estar tranquila yo, dándole la bienvenida”, reiteró Bárcena, visiblemente indignada.
Dina Boluarte creía que podía ir a Ayacucho sin que les gritaran sus verdades. A pesar de los enormes recursos gastados en seguridad para que finja una legitimidad que no tiene, el pueblo pasó y con madres y mujeres al frente le increparon lo que es: una asesina.¡Fuerza Ayacucho! pic.twitter.com/jR0nJmSTog
— Lucia Alvites (@LuciaAlvites) January 20, 2024
Esta no es la primera vez que la mandataria peruana enfrenta abucheos, pero sí que es agredida físicamente, de ahí que su exposición sea limitada pese a sus constantes llamados a la unidad.
Ayacucho fue una de las zonas álgidas donde se realizaron las manifestaciones que pedían la renuncia de Boluarte, luego que asumió el poder en sucesión del destituido Pedro Castillo y que dejaron 10 muertos en los enfrentamientos con el ejército peruano.
Boluarte, una abogada de 61 años y la primera mujer en asumir la presidencia de Perú, cuenta con los índices de popularidad más bajos en al menos casi dos décadas, especialmente en la región del sur de los Andes, de mayoría indígena, y donde Castillo gozaba de amplia popularidad.
Tras el inicio de la gestión de Boluarte comenzaron a encenderse las protestas en las zonas rurales del sur de los Andes que exigían su renuncia y la de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones se extendieron hasta llegar a Lima, pero se apaciguaron desde mediados de febrero de 2023.
Las acusaciones de genocidio contra Dina Boluarte en Perú
Boluarte fue acusada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas en Perú, donde hubo más de 60 muertos en tres meses.
La presidenta tuvo que presentarse a rendir declaraciones ante la Fiscalía general peruana en junio de 2023.
En septiembre de 2023, uno de los abogados de Boluarte dijo a la prensa local que habían decidido no responder a las más de 40 preguntas elaboradas por la defensa de las familias de los fallecidos en las protestas y de la Procuraduría General (órgano diferente a la Fiscalía).
Boluarte ha negado cualquier relación directa con las muertes de los manifestantes. También se ha acogido a su derecho al silencio.
El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel. También están incluidos en la indagación el ex primer ministro Pedro Angulo, el actual primer ministro Alberto Otárola y otros exfuncionarios, incluidos el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El Congreso y la mandataria, pese a tener elevados índices de desaprobación, han decidido continuar con sus mandatos hasta 2026.