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Elecciones El Salvador 2024: ¿Por qué podrían anularlas?

El presidente del partido Nuestro Tiempo, Andy Failer, confirmó que están considerando pedir la nulidad de las elecciones.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, izquierda, acompañado por su esposa Gabriela Rodríguez, saluda a sus seguidores desde el balcón del palacio presidencial en San Salvador, después del cierre de las urnas para las elecciones generales del domingo 4 de febrero de 2024. (AP).

Mientras el Tribunal Supremo Electoral inició el miércoles el escrutinio voto a voto de los comicios presidenciales y legislativas de El Salvador, partidos políticos opositores advirtieron que podrían pedir la nulidad de la elección de diputados.

Nadie cuestiona la victoria del presidente Nayib Bukele, que obtuvo la reelección con 83 por ciento de los votos, pero la atención se ha enfocado en la lucha por los 60 escaños en disputa en el Congreso.

“Voy a sentarme con todos los partidos políticos para emitir una opinión para anular las elecciones de diputados y que el 3 de marzo se hagan tres elecciones, alcaldías, PARLACEN (Parlamento Centroamericano) y Asamblea Legislativa”, dijo Manuel Flores, candidato presidencial del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Los partidos han remarcado las irregularidades que ocurrieron durante el proceso electoral y que culminaron con el colapso del sistema de transmisión de las actas de las votaciones.

Flores cuestionó las afirmaciones de Bukele de que su partido Nuevas Ideas ha ganado 58 de los 60 escaños del Congreso y expresó su desconfianza sobre el manejo de las papeletas de votación.

“¿Dónde están las actas? Enséñenme una sola acta seria, nosotros tenemos números, hay departamentos en donde la oposición en conjunto tiene 40 por ciento. El problema es que se quiere llegar al número, que en el balcón (del Palacio Nacional el domingo), dijo el supremo (Bukele), 58 y no le cuadra”, agregó Flores.


¿Por qué se quieren anular las elecciones en El Salvador?

El presidente del partido Nuestro Tiempo, Andy Failer, confirmó que están considerando pedir la nulidad de las elecciones, pero manifestó que antes van a esperar la respuesta del Tribunal a un escrito presentado junto al partido VAMOS y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), para que les entreguen un informe de “que no se dañó la cadena de custodia de los paquetes electorales”.

El presidente de Arena, Carlos Saade, informó que estudian solicitar la anulación de la elección legislativa y que pedirán la recusación del magistrado electoral Guillermo Wellman.

El Tribual Supremo Electoral está integrado por cinco jueces propietarios y cinco suplentes. Según la Constitución tres son electos a propuesta de los tres partidos políticos que alcanzaron más votos en la elección presidencial y dos salen de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.

Wellman, que fue electo en la anterior legislatura controlada por Arena y el FMLN, fue propuesto por el partido Arena.

“No se puede valorar los intereses de partidos políticos con los intereses de la población. Estar pidiendo nulidades, es estar dando patadas de ahogados”, respondió Wellman cuando los periodistas le preguntaron por la posible solicitud de nulidad.

“No hemos recibido solicitudes de partidos políticos para anular las elecciones. Lo más importante ahora es dar los votos certeros” abriendo las urnas y contando voto por voto, respondió el magistrado Noel Orellana.

Explicó que para el escrutinio final han instalado 51 mesas de trabajo en uno de los hoteles de la capital y que están instalando otras 300 mesas en un estadio.

De las mesas instaladas en el hotel, 49 se dedicarán a revisar voto por voto, las 2 mil 457 urnas que restan de la elección presidencial y cuyas actas no pudieron ser transmitidas el domingo. Dos mesas revisarán los votos en el exterior.

Las mesas en el estadio computarán los 8 mil 562 paquetes electorales que contienen las papeletas con los votos para diputados.

El escrutinio final será supervisado por representantes de los partidos políticos, fiscales electorales del Ministerio Público, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y observadores nacionales e internacionales, entre otros.

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