El expresidente de Argentina Alberto Fernández (2019-2023) fue imputado de nuevo este martes por el caso que investiga supuestas irregularidades en la contratación de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, en esta ocasión por fraude al Estado y asociación ilícita.
El fiscal federal Ramiro González, impulsor de la imputación de la semana pasada al exmandatario por malversación de fondos, señaló también al antiguo director general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES Federico D’Angelo; al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, entre otros.
El dictamen del fiscal González apunta que existen elementos suficientes para iniciar una investigación penal contra el expresidente Fernández por “perjuicio al Estado nacional por comisiones, costos de intermediación en pólizas de seguros”, recoge el diario ‘Clarín’.
Fernández ya fue imputado la semana pasada en el caso que investiga supuestas irregularidades en la contratación de seguros en dependencias oficiales. Con la investigación, el fiscal González solicitó también medidas de prueba, entre ellas los documentos de las contrataciones.
La supuesta trama fue revelada tras una investigación del citado diario en la que se aseguraba que la aseguradora Nación Seguros subcontrató a un intermediario que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, tres veces mayor a la del mercado. Las ganancias de las comisiones se estiman en 300 millones de pesos argentinos mensuales.
En Perú investigan al Primer Ministro
La Fiscalía de Perú anunció este lunes que ha abierto una investigación contra el primer ministro, Alberto Otárola, por supuesta contratación irregular, que ha desatado tal polémica en el país sudamericano que la presidenta, Dina Boluarte, le ha pedido explicaciones.
El Ministerio Público andino indicó que inició diligencias preliminares contra Otárola como presunto instigador del delito contra la administración pública por negociación incompatible, y como autor del delito contra la administración pública por patrocinio ilegal, por la contratación de Yazire Pineado Vázquez en el Ministerio de Defensa.
La institución refirió que esta investigación también incluye al jefe de la oficina de abastecimiento de la Administración del Gobierno, Antonio Flores Magino; y el director de la oficina de abastecimiento del Ministerio de Defensa, Luis Ricardo Obeso Julca; ambos como presuntos autores del delito contra la administración pública por negociación incompatible, según reza un comunicado.
Boluarte, horas antes, dispuso la vuelta adelantada de Otárola, que se encuentra en Canadá en un viaje oficial, para exigirle explicaciones sobre la filtración de un audio en el que supuestamente ofrecía trabajo a una mujer con la que tuvo una relación sentimental.
Al conocerse la noticia, el primer ministro andino afirmó que “aclarará” las informaciones difundidas por medios de comunicación “cuando pise suelo peruano”. “Entiendo la gravedad de la coyuntura política, pero reitero que no ha cometido ningún acto ilegal”, dijo a través de su perfil oficial en la red social X, al confirmar que adelantaba su regreso al país.