La defensa de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, solicitó a la Fiscalía que se le tome su declaración de forma inmediata como parte de la indagatoria preliminar por supuesto enriquecimiento ilícito relacionado con el uso de tres relojes de lujo. Indicó que el pedido obedece a la ‘turbulencia’ política que el caso ha generado en el país.
Un escrito del abogado Marco Castañeda difundido el domingo en su cuenta de X señala que el objetivo de la solicitud es para que la mandataria pueda esclarecer “lo más pronto posible los hechos materia de investigación”. En ese sentido, la defensa pidió cambiar la fecha fijada por la Fiscalía —el 5 de abril— para la toma de la declaración a la gobernante.
La Fiscalía peruana indaga a Boluarte de forma preliminar por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado, por el uso de tres relojes de lujo de marca Rolex cuyo origen la presidenta no ha aclarado hasta ahora.
The Associated Press consultó el domingo al departamento de prensa de la Fiscalía si agentes a cargo podrían llegar en las próximas horas al palacio presidencial a tomar la declaración, a lo cual se respondió que no se manejaba dicha información.
El abogado de la presidenta señaló que sustenta el pedido a la Fiscalía ante la “turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias que su despacho viene realizando”.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó el domingo en un mensaje de la red social X la filtración a la prensa de las fotografías sobre el allanamiento al domicilio de la presidenta y afirmó que se “quiebra el principio de reserva de investigación”. Pidió a la Fiscalía identificar y sancionar a los responsables.
“Es clara la politización de la justicia en esta investigación”, agregó Adrianzén en su mensaje.
El sábado 30 de marzo, Boluarte, en un mensaje público tras los allanamientos, aseguró que la Fiscalía actuó de forma “inconstitucional” y que “viene siendo atacada sistemáticamente”, generando, según ella, “inestabilidad política, social y económica”. Agregó que su defensa le recomendó “que no haga todavía ninguna declaración” pública hasta que lo haga ante el Ministerio Público.
Horas después, la Fiscalía le respondió en un comunicado señalando que las diligencias en la residencia presidencial y en el palacio de gobierno se realizaron con una orden judicial, por lo que “está descartada que nuestra intervención haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”, en respuesta a las declaraciones de la mandataria.
El Ministerio Público agregó que en los allanamientos no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por parte de la presidenta. También aseguró que la apertura forzada de la puerta de ingreso a su domicilio se dio porque no hubo respuesta inmediata a un pedido de acceso al inmueble.
Se trata de la primera vez que fiscales ingresan por la fuerza al domicilio de un presidente en ejercicio en Perú, donde antes se han dado registros de casas de exmandatarios o dictado prisión fuera de su mandato. En cuanto al palacio presidencial, sí han ocurrido allanamientos en ocasiones anteriores.
Boluarte, una abogada de 61 años, asumió el poder el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, con un sueldo menor a 4,200 dólares, y tras ello empezó a exhibir los relojes de lujo.