El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que la muerte de civiles anoche en un ataque israelí contra un campo de personas palestinas refugiadas en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, es un “trágico incidente”.
“Estamos investigando el caso, esa es nuestra política. Para nosotros, cada daño a civiles no involucrados es una tragedia”, indicó Netanyahu en una audiencia en la Knéset (Parlamento israelí) con familias de rehenes sobre la guerra en la Franja, donde ya han sido asesinadas más de 36 mil personas palestinas, más del 70 por ciento civiles.
Al menos 45 personas fallecieron esta noche como consecuencia de que Israel lanzara ataques en una “zona segura” en el barrio de Tal al Sultan, en el noroeste de Rafah, donde había cientos de personas desplazadas en un campamento improvisado que Israel aún no había ordenado evacuar.
El Ejército indicó que se trató de una “operación precisa basada en inteligencia” dirigida a eliminar a dos altos mandos de Hamás que se encontraban en un edificio en la zona; aunque admiten que luego se generó un incendio que provocó un alto número de víctimas mortales.
El Fiscal General Militar, el mayor general Yifat Tomer Yerushalmi, ordenó abrir pesquisas sobre este bombardeo al Mecanismo de Investigación y Evaluación del Estado Mayor, una entidad semindependiente formada por exmilitares que ya investigó hace un mes el ataque de Israel a un convoy humanitario de la ONG World Central Kitchen, en el que murieron siete de sus empleados, seis de ellos extranjeros.
“Antes del ataque, se tomaron una serie de medidas para reducir el riesgo de dañar a civiles no involucrados, incluida vigilancia aérea, el despliegue de municiones precisas e información de inteligencia adicional. Sobre la base de estas medidas se evaluó que no se esperaba ningún daño a los civiles”, indicó el Ejército sobre el ataque anoche en Rafah.
Netanyahu participó en una sesión extraordinaria en la Knéset a petición de 40 diputados, que obliga al primer ministro a asistir a sede parlamentaria, donde también acudieron hoy familiares de los rehenes, que reclaman un acuerdo inmediato para liberar a todos los rehenes y temen que casos como el ataque en Rafah dificulten las negociaciones.
“Desde diciembre y hasta ahora, he recibido cinco solicitudes del equipo negociador para ampliar su mandato y aprobé todas y cada una de ellas”, explicó Netanyahu a las familias.
La oficina del primer ministro anunció la semana pasada que autorizó al equipo negociador a retomar las negociaciones en El Cairo y se espera que así suceda mañana, aunque el liderazgo de Hamás insiste en que no hay acuerdo posible mientras Israel no acceda al fin de la guerra, a lo que Netanyahu se opone.
“(Yahya) Sinwar -líder de Hamás en Gaza y cerebro de los ataques del 7 de octubre- es el único obstáculo”, aseveró el primer ministro.
El ataque contra el campo de refugiados en Rafah ocurrió luego de que apenas el 24 de mayo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigiera a Israel que detuviera su ofensiva militar en esa zona, que antes había sido designada como segura para la población pero donde, aún así, ha lanzado ataques constantes.
El bombardeo en #Rafah ha quemado a personas vivas. Rafah, un lugar al que se desplazaron un millón y medio de personas buscando seguridad. Ya lo dijimos, cualquier ataque en Rafah sería una carnicería. El flagrante desafío al derecho internacional es INACEPTABLE.
— UNRWA.es (@UNRWAes) May 27, 2024
¡Alto el fuego!
La Corte apuntó que la situación actual derivada por la operación israelí en Rafah amenazaba con causar aún más daños irreparables a la población palestina. Por eso, se exigió que Israel se detuviera para evitar un genocidio.
La CIJ ya había ordenado a Israel que se detuviera desde febrero pasado, porque sus ataques contra el sur de la franja palestina representaban una “situación peligrosa”.
Desde el 26 de enero pasado, la CIJ había analizado la acusación contra Israel, cuando Sudáfrica presentó un caso internacional por gocidio. Ahí, la Corte de La Haya había señalado queen Israel debe apegarse a las leyes internacionales y respetar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.