WASHINGTON, DC.- En una nueva escalada de su intenso cortejo a los votantes latinos, el presidente Joe Biden tiene previsto anunciar esta semana un nuevo plan de alivio migratorio que podría beneficiar a cientos de miles de indocumentados que hayan contraído matrimonio con estadounidenses.
Activistas y defensores de los migrantes indicaron que esperaban la divulgación de ese plan desde hace varias semanas, pero todo parece indicar que fue calendarizado para mañana a fin de coincidir con la ceremonia del 12° aniversario del anuncio del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
“Esperamos que este año de elecciones los políticos hagan algo aunque sea de última hora, pero que sí beneficien a nuestra gente para que se vea motivada y participe en las elecciones”, dijo el abogado migratorio Rafael Borrás.
Fuentes de la Casa Blanca filtraron que el plan ofrecería un estatus legal y permisos de trabajo a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que por lo menos tengan un periodo de residencia de 10 años.
“La propuesta, conocida como Parole in Place, también abriría un camino hacia el estatus legal permanente y la ciudadanía estadounidense para algunos beneficiarios al eliminar un obstáculo en la ley que impide a quienes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos puedan obtener tarjetas de residencia sin salir del país”, indicó la cadena CBS.
Otro plan agilizaría el proceso para que los dreamers y otros inmigrantes indocumentados soliciten exenciones que les facilitarían la obtención de visas temporales, como las visas H-1B para trabajadores altamente calificados, agregó.
DACA, que fue puesto en marcha el 15 de junio de 2012, por el entonces presidente Barack Obama, benefició a más de 700 mil jóvenes indocumentados, la mayoría nacidos en México, muchos de los cuales han logrado legalizar su estancia.
Sin embargo, cientos de miles permanecen en un limbo, protegidos contra deportaciones y con permisos de trabajo, pero sin un camino a la residencia legal permanente y a la ciudadanía.
El anuncio de Biden busca contrarrestar las duras críticas que recibió su orden ejecutiva del 5 de junio que restringe de manera drástica el acceso a asilo a cientos de miles de migrantes y que le permitió el cierre automático de trámites cuando el número de llegadas hacienda a 2 mil 500 personas en la frontera con México.