La Organización No Gubernamental (ONG) Cristosal informó que ha documentado la muerte de 261 personas, cuatro de ellas niños, que estaban bajo custodia del estado salvadoreño, tras ser detenidas durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, impuesto por Nayib Bukele con el objetivo de combatir a las pandillas.
Cristosal afirma que una amplia investigación de campo y el análisis de la información recolectada, permitió probar que “261 personas adultas y adolescentes y cuatro niñas y niños han muerto bajo custodia estatal”, durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2024.
El informe “El silencio no es opción” detalla que de las personas que murieron dentro de los centros de detención, 244 son hombres y 17 mujeres, se basa en las 3 mil 642 denuncias que la ONG ha recibido desde la vigencia del régimen de excepción por posibles abusos de poder y detenciones arbitrarias, realizando un estudio a profundidad de mil 178 personas detenidas.
Además, dice que tras un análisis médico-forense, “Cristosal determinó que 88 muertes pudieron ser producto de un acto criminal, 87 el resultado de una patología y 14 son posibles muertes violentas.” No se cuenta con información suficiente para determinar las causas de muerte de las 72 personas restantes, dice el informe.
“Han muerto en las cárceles y bartolinas salvadoreña por torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, por la falta de alimentación, por insalubridad por la falta de atención inhumana y otras situaciones, pero es que existe una política deliberada para no proteger a las personas privadas de libertad”, afirmó la abogada Zaira Navas, quien dirigió la investigación.
Navas aseguró, este miércoles 10 de julio, que “la diferencia de este informe es que recoge pruebas de torturas, de las muertes, del abuso de autoridad, de las victimas silenciosas”.
Cristosal afirma también que ha certificado “casos de violación, abuso y agresiones sexuales sufridas por mujeres detenidas bajo el régimen de excepción, cometidos por custodios penitenciarios, como por otras mujeres reclusas.
The Associated Press pidió un pronunciamiento a la Casa Presidencial y su respuesta fue que “no hay comentarios”.
Cristosal es una organización no gubernamental sin fines de lucro que ha realizado investigaciones con Amnistía Internacional y otras organizaciones. Fue fundada por obispos anglicanos en la posguerra civil de El Salvador e “inspirada en el enfoque de la iglesia en la justicia y los derechos humanos”. Tienen oficina en varios países de la región, en El Salvador la abrieron en 2001, y aseguran que su misión es “defender los derechos, humanos y promover la democracia y justicia en Centroamérica”.
El informe de la ONG se conoce un día después que el Congreso aprobara la 28ª prórroga del régimen de excepción, como parte de la estrategia de mano dura impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir las temibles pandillas, arraigadas por años en colonias y barrios populares del país.
El estado de excepción suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Para reforzar la lucha contra las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 y hasta 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
De acuerdo con información oficial, durante el régimen de erección las autoridades han capturado a 81 mil 110 supuestos pandilleros o colaboradores, incluidos los principales cabecillas de estos grupos criminales.
La mayoría de los detenidos permanecen sin una sentencia judicial en su contra. El gobierno ha reconocido que ha tenido que libertar más de 7 mil detenidos por falta de pruebas.
En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo y registró 6 mil 656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre ellos 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares.
En lo que va de 2024, la policía registra 75 homicidios que incluyen la muerte de tres presuntos pandilleros también en supuestos enfrentamientos con la policía o las fuerzas armadas.
El gobierno de Nayib Bukele ha defendido su política de mano dura a pesar de los cuestionamientos sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. El ministerio de Seguridad informó que en el gobierno de Bukele ha acumulado 655 días sin homicidios.