El fiscal general de Venezuela cuestionó el martes la reciente decisión de un tribunal argentino de emitir una orden de captura contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que consideró una represalia ante el pico de tensión entre ambos países después de que desde Venezuela se emitiera a su vez una orden de detención contra el presidente Javier Milei por un caso distinto.
La orden de detención más reciente fue emitida la víspera por una corte federal de Argentina, que dispuso la “inmediata” detención de Maduro y del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela contra disidentes. La resolución estipula que “se diligencie de inmediato las órdenes de detención” y “se disponga vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina”.
La decisión judicial argentina se dio a conocer apenas horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitiera una orden de arresto contra Milei por la retención en territorio argentino y entrega a Estados Unidos de un avión de carga que, según Washington, fue vendido a una empresa estatal venezolana por una aerolínea iraní sancionada.
Venezuela también pide la detención de hermana de Javier Milei y de la secretaria general de Argentina
El pedido de detención desde Venezuela también fue dirigido contra Karina, la hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia argentina, y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El fiscal general venezolano Tarek William Saab reaccionó el martes; dijo que “no es más” que una “acción orquestada” por el gobierno del presidente Javier Milei en “retaliación, venganza contra el Estado venezolano por haber nosotros decidido actuar en contra del perpetrador del robo del avión de la empresa venezolana Emtrasur”.
🔵 El Fiscal General Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) ha anunciado los cargos que enfrenta el Presidente de la República de Argentina, Javier Milei, junto con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la Ministra de Defensa, Patricia Bullrich. Las acusaciones… pic.twitter.com/cq7gbPI4vI
— Primicias Venezuela (@PrimiciasVe) September 24, 2024
La fiscalía de Venezuela los acusa de los presuntos delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles” y la “interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil e inutilización de aeronaves y asociación para delinquir”, entre otros delitos.
El cruce de acciones judiciales contra los mandatarios de ambos países deja en evidencia las tensiones entre los gobiernos de Caracas y Buenos Aires, que se venía acumulando desde la llegada del ultraderechista Milei al poder en diciembre pasado y que ha llevado a una ruptura en las relaciones diplomáticas.
La orden de arresto contra Milei provocó “esta reacción de última hora, totalmente desenfrenada y desequilibrada del gobierno de Milei”, acotó Saab, argumentando que “actúan supuestamente en función de querer sustituir a la justicia venezolana por hechos sucedidos en Venezuela”.
El fiscal Saab también informó el martes que en una carta dirigida a la oficina de Interpol, Venezuela solicitó la emisión de una notificación roja para la localización de Milei y dos de sus más cercanas colaboradoras en los 196 países miembros de esa organización intergubernamental.
La causa contra Maduro y Cabello fue impulsada por FADER —una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en la región— ante la justicia argentina en 2023, tomando en cuenta la jurisprudencia de Argentina en materia de derechos humanos y el principio de jurisdicción universal que permite actuar ante delitos de lesa humanidad, aunque estos se hayan cometido fuera de sus fronteras.
Saab indicó que las violaciones de derechos humanos en Venezuela se investigan como un “asunto de Estado” y son castigadas. Destacó que, desde 2017 hasta agosto de 2024, la fiscalía general venezolana ha realizado “la imputación de 2.536 funcionarios del Estado por presuntas violaciones de los derechos humanos” y “hemos logrado la condena de 581 funcionarios y 63 colaboradores”.
Venezuela, empero, es objeto de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas —bajo el mando de Maduro— durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017.