La Corte Suprema de Mississippi, en Estados Unidos, rechazó este martes 1 de octubre, por unanimidad, la más reciente apelación de un hombre que ha estado en espera de la pena de muerte más tiempo que ningún otro recluso.
Richard Gerald Jordan, un hombre de 78 años, fue condenado a muerte en 1976 por el secuestro y asesinato de Edwina Marter ese mismo año, en el condado de Harrison.
The Associated Press envió un correo electrónico a la fiscalía de Mississippi en el que preguntó si la nueva sentencia le permitiría al estado fijar una fecha de ejecución.
Krissy Nobile, abogada de Jordan y directora de la Oficina de Mississippi de Asesoría Post-Condena a Pena de Muerte, dijo que considera que los jueces estatales se equivocaron al no aplicar un dictamen de 2017 de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el uso de peritos independientes de salud mental en casos de pena de muerte.
“Estamos explorando todas las opciones a nivel federal y estatal para el señor Jordan y solicitaremos una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Mississippi”, dijo Nobile.
Los registros de la Corte muestran que, en enero de 1976, el hombre condenado realizó un viaje desde Luisiana a Gulfport, Mississippi, donde llamó al banco Gulf National Bank y pidió hablar con un agente de préstamos. Luego de que le dijeran que Charles Marter podía hablar con él, Jordan terminó la llamada, buscó la dirección de la casa de Marter en una guía telefónica, se dirigió a su casa e ingresó fingiendo que trabajaba para la compañía eléctrica.
De acuerdo con los registros, Jordan secuestró a Edwina Marter, la llevó a un bosque y la mató a tiros. Más tarde llamó a su esposo y le mintió al decirle que ella estaba a salvo y le exigió un pago de 25 mil dólares.
Jordan ha presentado múltiples recursos de apelación contra su condena a muerte. La rechazada el martes fue interpuesta en diciembre de 2022 y argumentaba que a Jordan se le había denegado el debido proceso porque debería haber sido examinado por un perito psiquiátrico designado únicamente para su defensa en lugar de un perito psiquiátrico designado por la corte quien presentó conclusiones tanto para la fiscalía como a su equipo legal.
Los jueces dijeron que los abogados de Jordan habían planteado el mismo argumento en sus apelaciones anteriores, y que un juez federal dictaminó que tener un experto designado por la corte no violaba los derechos constitucionales de Jordan.