El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, informó que está nominando a Matt Gaetz como fiscal general, eligiendo a un legislador polarizador para reformular la aplicación de la ley en EU y llevar a cabo su agenda sobre inmigración, crimen y temas sociales candentes.
Trump ha dado señales de que impulsará una transformación radical del Departamento de Justicia, que cuenta con más de 115 mil empleados.
El departamento se encuentra en la cúspide de la maquinaria que Trump necesitará para llevar a cabo su agenda, desde hacer cumplir las leyes federales hasta litigar asuntos controvertidos. También desempeña un papel clave en la distribución de miles de millones de dólares en fondos de subvención para la aplicación de las leyes de inmigración, la seguridad fronteriza y la vigilancia policial.
Gaetz, de 42 años, ha sido un aliado constante de Trump desde que dejó la Casa Blanca. Gaetz, un pararrayos dentro de su propia bancada, se ha visto plagado de escándalos, incluida una investigación del Departamento de Justicia sobre que había tenido una relación sexual con una joven de 17 años a cambio de dinero. Él negó las acusaciones y el año pasado se le notificó que no enfrentaría cargos. Gaetz también fue objeto de críticas por parte del panel de ética de la Cámara.
“Matt erradicará la corrupción sistémica en el Departamento de Justicia y devolverá al Departamento a su verdadera misión de luchar contra el crimen y defender nuestra democracia y nuestra Constitución”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.
“Debemos tener honestidad, integridad y transparencia en el Departamento de Justicia. Bajo el liderazgo de Matt, todos los estadounidenses volverán a estar orgullosos del Departamento de Justicia”, afirmó.
Tradicionalmente, el departamento y el fiscal general se han mantenido a distancia de la Casa Blanca, especialmente cuando se trata de tomar decisiones sobre qué investigaciones y procesos delicados llevar a cabo o poner fin. Tras el escándalo de Watergate, en la década de 1970, se pusieron en marcha medidas destinadas a aislar al departamento de la política y la interferencia.
El presidente Joe Biden ha adoptado deliberadamente una actitud de no intervención en el Departamento de Justicia bajo la dirección de su fiscal general, Merrick Garland, incluso en relación con el procesamiento federal de su hijo, Hunter Biden. Garland implementó una política poco después de convertirse en fiscal general que limitaba las comunicaciones específicamente con la Casa Blanca.
Durante su campaña, Trump dijo en repetidas ocasiones que planea perseguir al “enemigo desde dentro” de Estados Unidos. Trump también ha criticado las dos acusaciones federales en su contra obtenidas por el fiscal especial Jack Smith por supuestamente intentar anular las elecciones de 2020 y retener ilegalmente documentos clasificados. Varios funcionarios de larga trayectoria del Departamento de Justicia también trabajaron en esos casos.
¿Habrá despidos en el Departamento de Justicia de EU tras triunfo de Trump?
El Departamento de Justicia incluye varias agencias, como el FBI, que el presidente electo también ha criticado. Trump podría tomar medidas para despedir al director del FBI, Christopher Wray, cuyo mandato no termina hasta 2027.
El multimillonario Elon Musk, propietario de X y fiel aliado de Trump, dijo en una publicación del 8 de noviembre que “el abuso del sistema judicial por parte de Jack Smith no puede quedar impune”.
El abogado republicano Mark Paoletta, que está ayudando a liderar el equipo de transición de Trump para el departamento, dijo en una publicación del 11 de noviembre que los empleados de carrera del Departamento de Justicia deberían sumarse a la agenda de Trump o renunciar.
“Aquellos empleados que participan en la llamada ‘resistencia’ contra la agenda legal del presidente electo legítimamente estarían subvirtiendo la democracia estadounidense”, dijo Paoletta.
Además, Trump asume el cargo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que los presidentes tienen amplia inmunidad procesal por cualquier acción que realicen en su carácter oficial, un nuevo precedente que aún se está definiendo.
El primer fiscal general de Trump, el exsenador republicano Jeff Sessions, era considerado leal, pero enfureció a Trump al recusarse de la investigación sobre si el ex presidente conspiró con Rusia para interferir en las elecciones de 2016.
Eso llevó al nombramiento en 2017 del fiscal especial Robert Mueller, cuya investigación se cernió sobre la administración Trump durante casi dos años. Mueller acabó diciendo que la evidencia no respaldaba los cargos, pero enumeró las formas en que Trump intentó obstruir la investigación. Trump obligó a Sessions a dimitir después de las elecciones legislativas de mitad de período de 2018.