La Policía Federal de Brasil presentó cargos este jueves contra el expresidente Jair Bolsonaro por la supuesta trama golpista que buscó derrocar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, después de las elecciones de 2022, informaron fuentes oficiales.
La institución denunció a 37 personas, entre ellos varios militares de alto rango, por los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”, según informó en una nota.
Bolsonaro, que gobernó el país entre 2019 y 2022, está entre los señalados por la Policía Federal, así como algunos generales, antiguos ministros y exasesores de su Gobierno.
En la lista está Walter Braga Netto, general de la reserva del Ejército y quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa, además de candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022; y Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina.
¿Cómo se organizó el ataque contra Lula da Silva?
La investigación constató la existencia de una trama que actuó “de forma coordinada”, tras las elecciones de 2022, para “intentar mantener” a Bolsonaro en el poder.
Esta misma semana, las autoridades brasileñas detuvieron a cuatro militares y un agente de la Policía Federal acusados de idear un plan para el magnicidio de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin, y el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, instructor de la causa.
El objetivo, según la investigación, era asesinar a Lula y Alckmin, y crear un “comité de crisis” integrado por militares afines a Bolsonaro.
Los planes barajaban el envenenamiento como forma de segar la vida de la fórmula que ganó los comicios de 2022.
Uno de los arrestados en esa operación fue el general de la reserva Mario Fernandes, quien figura en la lista de denunciados divulgada este jueves por la Policía.
El informe final de la Policía Federal, que tiene más de 700 páginas, fue enviado a la Corte Suprema, que supervisa el caso.
En él se recoge que los investigados “se estructuraron” en diferentes núcleos para llevar a cabo el golpe.
Eran grupos con tareas como difundir mentiras, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas; ejecutar los planes golpistas y hasta uno de inteligencia.
El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, se encargará ahora de analizar el informe policial y presentar o no ante el Supremo una denuncia formal contra los investigados.
Lula ganó por un estrecho margen las elecciones de octubre de 2022 ante el líder de la extrema derecha brasileña, que nunca reconoció su derrota.
A partir de ahí ocurrieron una serie de graves incidentes que intentaron impedir la investidura del dirigente progresista, lo que terminó ocurriendo el 1 de enero de 2023.
Hubo bloqueos de camioneros en carreteras, campamentos delante los cuarteles pidiendo una “intervención militar” y graves disturbios en Brasilia, incluyendo un intento de atentado con explosivos en un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia.
El colofón ocurrió el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de activistas de extrema derecha invadieron y destrozaron las sedes de la Corte Suprema, el Congreso y la Presidencia, a fin de incitar a los militares a salir a las calles para derrocar al líder progresista.
Durante ese año, Bolsonaro y su entorno más próximo fueron objeto de diversas operaciones policiales.
En una de ellas fue encontrado un borrador de decreto presidencial para anular el resultado de las elecciones de 2022 e intervenir el Tribunal Superior Electoral, órgano encargado de organizar los comicios. Bolsonaro siempre ha negado esas acusaciones y se ha declarado un perseguido de la Justicia.