El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a un complejo turístico mexicano y a una red empresarial vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempo compartido.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la dependencia anunció la designación de Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido en México, así como de cinco personas y 17 empresas asociadas con la red.
Muchas de ellas operan en o cerca de Puerto Vallarta, Jalisco, identificado por las autoridades estadounidenses como bastión estratégico del CJNG.
La acción forma parte de una ofensiva más amplia contra las fuentes de financiamiento del cártel, al que el Gobierno de Estados Unidos señala como organización “terrorista brutalmente violenta” que ha diversificado sus ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incluyendo el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible.
El fraude de tiempo compartido a menudo se dirige a estadounidenses mayores vulnerables y puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida.
“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
¿Qué sancionó el Tesoro de EU y por qué vincula al CJNG?
De acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro, el fraude de tiempo compartido en México “ha afectado a víctimas estadounidenses durante décadas, costándoles cientos de millones de dólares y enriqueciendo a organizaciones criminales como el CJNG”.
La investigación fue coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) en Nueva York, con participación del FBI, la DEA, la oficina de investigación criminal del IRS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La OFAC trabajó en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
El Tesoro sostiene que el esquema operaba a través de centros de llamadas en México, donde operadores que hablaban inglés contactaban a propietarios estadounidenses de tiempo compartido para ofrecer supuestas reventas, rentas o inversiones.
Las víctimas eran inducidas a pagar “cuotas” e “impuestos” por adelantado mediante transferencias internacionales a cuentas mexicanas, recursos que nunca se recuperaban.
Según el FBI, entre 2019 y 2023 unas 6 mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares por fraudes de tiempo compartido en México.
Tan solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió cerca de 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de $50 millones.
Sin embargo, es probable que estas cifras subestimen las pérdidas totales, ya que el FBI cree que la gran mayoría de las víctimas no denuncian la estafa por vergüenza, entre otras razones.
Hacienda y UIF refuerzan bloqueos contra red de fraude
Tras el anuncio estadounidense, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, en coordinación con autoridades de EU, reforzó acciones contra la red vinculada al CJNG.
En un comunicado, la UIF señaló que incorporó a siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una moral— a la Lista de Personas Bloqueadas, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
Hacienda detalló que ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos mediante tarjetas y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país.
Agregó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Cómo operaba el fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta?
El Tesoro indicó que, desde aproximadamente 2012, el CJNG tomó control de estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas. El esquema incluía estafas de salida o reventa, realquiler e inversión, con un patrón común: el pago anticipado de cargos inexistentes.
Las autoridades también alertaron sobre esquemas de “revictimización”, en los que los estafadores se hacen pasar por abogados o funcionarios gubernamentales para exigir nuevos pagos bajo la promesa de recuperar fondos perdidos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informó que, tras un aviso conjunto con OFAC y FBI, recibió más de 850 Reportes de Actividades Sospechosas relacionados con este tipo de fraude, que identificaron aproximadamente 330 millones de dólares en actividades potencialmente vinculadas.
