En un pueblo de Texas, al borde del río Bravo —que Estados Unidos denomina Río Grande— y junto a un alto muro metálico fronterizo, circularon rumores de que autoridades federales de inmigración buscaban comprar tres enormes almacenes para transformarlos en un centro de detención.
Autoridades locales se apresuraron a averiguar qué ocurría, pero apareció una escritura que mostraba que el Departamento de Seguridad Nacional ya cerró un acuerdo por 122.8 millones de dólares por los almacenes de 76.738 metros cuadrados en Socorro, una comunidad de 40 mil habitantes a las afueras de El Paso.
“Nadie del gobierno federal se molestó en levantar el teléfono o siquiera enviarnos algún tipo de correspondencia para avisarnos de lo que está a punto de ocurrir”, declaró Rudy Cruz Jr., alcalde del pueblo predominantemente hispano, de casas bajas tipo rancho y parques de casas rodantes, donde huertos y acequias conviven con centros comerciales al aire libre, paradas de camiones, plantas de reciclaje y almacenes de distribución.
Socorro figura entre al menos 20 comunidades con grandes almacenes en Estados Unidos que se convirtieron en objetivos discretos de la expansión por 45 mil millones de dólares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para centros de detención.
Mientras el apoyo público a la agencia y a la campaña antiinmigratoria del presidente Donald Trump se debilita, comunidades se oponen a detenciones masivas y expresan preocupación por posibles efectos en el suministro de agua, otros servicios y los ingresos fiscales locales.
En muchos casos, alcaldes, comisionados, gobernadores y congresistas se enteraron de los planes del ICE solo después de que la agencia compró o arrendó espacios, lo que generó sorpresa y frustración incluso en zonas que respaldaron a Trump.
“Yo simplemente siento que hacen estas cosas en silencio para que no haya oposición”, dijo Cruz, cuya esposa nació en México.
Gobierno de Trump defiende expansión del ICE
El ICE, parte del Departamento de Seguridad Nacional, compró al menos siete almacenes en Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas, según escrituras firmadas. Otros acuerdos se anunciaron, pero no se concretaron, aunque compradores frustraron ventas en ocho ubicaciones.
El DHS rechazó que se denominen “almacenes” a los sitios y subrayó en un comunicado que serán “instalaciones de detención muy bien estructuradas que cumplen con nuestros estándares regulares de detención”.
El proceso resultó caótico en ocasiones. El ICE reconoció la semana pasada un “error” al anunciar compras en Chester, Nueva York, y Roxbury, Nueva Jersey. Roxbury informó después que la venta se concretó.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que busca más espacio de detención, pero no revela sitios antes de adquisiciones. Autoridades locales se enteraron por reporteros o por una hoja de cálculo que circuló en internet entre activistas, con origen incierto.
El 13 de febrero se confirmó el alcance del proyecto cuando la oficina del gobernador de Nueva Hampshire —donde existe rechazo a un centro planificado de 500 camas— difundió un documento del ICE que muestra planes para gastar 38.300 millones de dólares y elevar la capacidad a 92 mil camas.
Desde que Trump asumió el cargo, el número de personas detenidas por el ICE subió a 75 mil desde 40 mil, distribuidas en más de 225 sitios.
El ICE podría usar almacenes para consolidar operaciones y ampliar capacidad. El documento describe ocho centros a gran escala, con entre 7 y 10 mil detenidos cada uno, y 16 centros regionales más pequeños. También menciona la compra de 10 instalaciones existentes “llave en mano”.
El proyecto se financia con la ley de recortes fiscales y gasto aprobada por el Congreso el año pasado, que casi duplicó el presupuesto del DHS. Para construir centros, el gobierno de Trump utiliza contratos militares.
Esos contratos permiten alto grado de secretismo y rapidez sin procesos habituales, señaló Charles Tiefer, profesor emérito de Derecho en la Universidad de Baltimore.
Instalación de Socorro podría estar entre las más grandes
En Socorro, los almacenes del ICE resultan tan grandes que dentro cabrían 4.5 de los llamados Supercentros de Walmart, en contraste con vestigios de arquitectura colonial española y de misión que caracteriza al pueblo.
En una reciente sesión del Concejo Municipal, comentarios de la población se extendieron durante horas.
“Creo que mucha gente inocente está quedando atrapada en su redada”, indicó Jorge Mendoza, jubilado del condado de El Paso cuyos abuelos emigraron desde México.
Muchos oradores mencionaron preocupación por tres muertes recientes en una instalación del ICE en la cercana base militar de Fort Bliss.
Comunidades temen golpe financiero
Incluso comunidades que respaldaron a Trump en 2024 quedaron sorprendidas por los planes del ICE y expresaron inquietudes.
En el condado Berks, Pensilvania, el comisionado Christian Leinbach llamó a autoridades locales cuando escuchó que el ICE podría comprar un almacén en Upper Bern Township, a 4.8 kilómetros de su casa.
Nadie tenía información.
Días después, un funcionario de registros de tierras informó que el ICE compró el edificio —promocionado como “centro logístico de última generación”— por 87.4 millones de dólares.
“No hubo absolutamente ninguna advertencia”, dijo Leinbach en una reunión donde expresó preocupación por la pérdida de más de 800 mil dólares en impuestos locales si el almacén se convierte en instalación federal.
El ICE destacó los impuestos sobre la renta que pagarán trabajadores, aunque las instalaciones quedarán exentas de impuesto predial.
Centro en Georgia podría superar población local
En Social Circle, Georgia, autoridades quedaron atónitas ante planes del ICE para una instalación con entre 7 mil 500 y 10 mil personas, tras enterarse por un reportero.
La ciudad, con apenas 5 mil habitantes, teme por necesidades de infraestructura. Solo recibió comunicación del DHS después de que se completó la venta por 128.6 millones de dólares de un almacén de 92 mil 900 metros cuadrados. Al igual que Socorro y Berks, Social Circle cuestionó si sistemas de agua y alcantarillado podrán sostener la demanda.
El ICE aseguró que evaluó capacidad de servicios públicos. Sin embargo, Social Circle indicó que el análisis se basó en una planta de tratamiento que aún no existe.
“Para que quede claro, la Ciudad ha comunicado repetidamente que no tiene la capacidad ni los recursos para atender esta demanda, y ninguna propuesta presentada hasta la fecha ha demostrado lo contrario”, señaló el Ayuntamiento.
En Surprise, suburbio de Phoenix, autoridades enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, después de que el ICE compró sin aviso un almacén cerca de una escuela secundaria. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, planteó acudir a tribunales para declarar el sitio molestia pública.
Multitudes protestan en Socorro
En Socorro, personas que esperaban hablar contra la instalación del ICE se desbordaron fuera del Concejo Municipal. Algunas permanecieron junto a murales que homenajean al Programa Bracero de la Segunda Guerra Mundial, que permitió la llegada de trabajadores agrícolas mexicanos temporales y que impulsó la economía local antes de deportaciones masivas ordenadas en la década de 1950 por el gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower.
Eduardo Castillo, exabogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo a funcionarios municipales que desafiar al gobierno federal resulta intimidante, pero “no imposible”.
“Si al menos no lo intentan”, advirtió, “terminarán con otra instalación de detención inhumana construida en su jurisdicción y bajo su vigilancia”.
