La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó “firmemente” este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el tribunal como “institución” y advirtió de que la medida supone “un ataque al Estado de derecho” que busca “perturbar” su funcionamiento e “intimidar” a quienes trabajan en la CPI.
“Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la Corte haga aquello para lo que fue creada”, denunció la CPI, que recordó que el tribunal fue establecido mediante un tratado internacional y cuenta con 125 países miembros.
La Corte advirtió de que “nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia” e instó a sus miembros a adoptar “medidas concretas” para garantizar que el tribunal pueda continuar operando, y vaticinó que “la historia juzgará este momento”.
La CPI dice que EEUU busca «intimidar»
La institución considera que la decisión estadounidense busca «perturbar» su funcionamiento e «intimidar» tanto a quienes trabajan para ella como a quienes cooperan con sus investigaciones.
«Las generaciones futuras y, sobre todo, las víctimas de atrocidades masivas preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue atacada», concluyó.
Washington incluyó a la propia CPI en su régimen de sanciones, lo que se suma a las medidas impuestas hasta ahora contra 17 personas vinculadas a la institución, entre ellas jueces y fiscales.
¿Qué hace la CPI?
La Corte investiga y juzga a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión cuando tiene la jurisdicción que le otorga su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.
«La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base del derecho y de las pruebas, por el bien de las innumerables víctimas de crímenes graves», aseguró su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, una de las funcionarias de la CPI sancionadas por Trump.
Las medidas anunciadas por Washington implican, en principio, el bloqueo de bienes e intereses de la CPI en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses, así como restricciones a las transacciones con la institución.
