Turquía clausurará sus academias militares y pondrá a las fuerzas armadas bajo el mando del ministro de Defensa, anunció el sábado el presidente Tayyip Erdogan, en una decisión que busca que los militares queden bajo un control gubernamental más estrecho tras la intentona golpista de este mes.
Los cambios, algunos de los cuales Erdogan dijo que serán anunciados el domingo en la gaceta oficial del gobierno, llegan después de que más de mil 700 militares fueran licenciados sin honor esta semana por los hechos del 15 y 16 de julio.
Erdogan, que escapó por poco a su captura y posible muerte en la noche del golpe, dijo en una entrevista a Reuters la semana pasada que el Ejército, el segundo mayor de la OTAN, necesitaba "sangre nueva". El licenciamiento sin honores incluyó a cerca del 40 por ciento de los almirantes y generales turcos.
Turquía acusa al clérigo musulmán Fethullah Gulen, que vive en Estados Unidos, de ser el cerebro del golpe, en el que una facción del Ejército intentó derrocar al Gobierno con tanques, helicópteros y cazas de combate. Erdogan asegura que murieron 237 personas y hubo más de 2 mil 100 heridos.
Gulen, que vive desde hace años en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos, niega los cargos y condenó el golpe. Hasta ahora, más de 60 mil personas en el Ejército, la Justicia, el servicio público y la educación han sido detenidas, removidas de sus cargos o suspendidas por sus supuestos lazos con Gulen.
Los aliados occidentales de Turquía condenaron el golpe, pero están incómodos por la magnitud de la represión posterior.
"Nuestra fuerzas armadas serán mucho más fuertes con el último decreto que estamos preparando. Nuestros mandos reportarán al ministro de Defensa", afirmó Erdogan en una entrevista el sábado con el canal privado A Haber. "Las escuelas militares serán clausuradas (...) estableceremos una universidad de defensa nacional", agregó.
También indicó que quiere que la agencia nacional de inteligencia y el jefe de la junta de generales, el cargo militar más importante, informen directamente a la presidencia, decisiones que requieren un cambio constitucional y, por tanto, el apoyo de los partidos opositores.