La victoria de Donald Trump en noviembre tiene muy poco que agradecer a las ciudades más grandes de Estados Unidos, que votaron abrumadoramente en contra de él, y no hay señales de que harán las paces con el presidente. Líderes electos en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Filadelfia, Seattle y otras ciudades importantes han prometido hacerle frente a Trump, al seguir suprimiendo su cooperación de los esfuerzos de las autoridades de inmigración estadounidenses. Trump firmó un decreto presidencial que amenaza con bloquear la financiación federal a esas "ciudades santuario", provocando una batalla legal estatal-federal que no tardó en llegar a los tribunales.
Algunas ciudades de Estados Unidos tienen reputación de ser más amigables con los inmigrantes ilegales y por ello son conocidas como ciudades santuario, de acuerdo con la organización no gubernamental ImmigrationUnitedStates.org
Se trata de lugares en los que los gobiernos locales, si bien no expresan abiertamente su bienvenida a los inmigrantes ilegales, su trato hacia ellos suele ser menos discriminatorio que en otras ciudades. Algunos ejemplos pueden incluir activistas inmigrantes y grupos de la iglesia que defienden a esta población.
En Estados Unidos hay más de 200 ciudades santuario que han declarado su voluntad de ayudar a los inmigrantes indocumentados, estimados en unos 11 millones en todo el país.
Algunas de las ciudades estadounidenses catalogadas como santuario son: San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Chicago, Seattle, Houston, Phoenix, Austin, Dallas, Washington D.C., Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland (ambas Maine y Oregon), Denver, New York City, Chicago y todo el estado de New Jersey.
Las ciudades pueden tener políticas formales e informales de santuario. La formalidad es lograda cuando la municipalidad aprueba algo por escrito. Usualmente comienza como una ordenanza, luego pasa a ser orden, resolución y por último política.
Una política informal de santuario no es escrita pero es bien conocida entre los trabajadores de la ciudad o condado. Diferente a las políticas de santuario formales, no hay registros públicos de ella. La gente sabe de las políticas informales usualmente por declaraciones de algún funcionario público o por su alrededor.
El nombre tiene sus raíces en los años 1980, cuando muchas iglesias acogieron refugiados de las guerras civiles de Centroamérica que no consiguieron asilo.
Tienen en común que "se niegan a cooperar con las autoridades migratorias", explica Michael Kagan, jurista y director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada.
Se trata de ciudades que se niegan a cumplir sobre todo con los pedidos de detención de los clandestinos solicitados por las autoridades migratorias. Y se niegan a mantener en prisión más tiempo del requerido a un inmigrante sin papeles condenado para facilitar su deportación.
Algunos adoptaron textos que piden especialmente a su policía municipal, y a veces también a las escuelas o servicios de salud, que no denuncien a los inmigrantes sin papeles a las autoridades migratorias, o hacerlo solo en casos excepcionales.
Algunas ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago o San Francisco se niegan incluso "a todo intercambio de información" con las autoridades migratorias, según Jessica Vaughan del Centro para Estudios Migratorios.
¿Ofrecen un verdadero santuario?
No. Ninguna jurisdicción está por encima de las autoridades federales de inmigración. Las políticas en las ciudades santuarios, sin embargo, pueden hacer menos probable que un extranjero indocumentado aparezca en el radar de los funcionarios federales o acabe en sus manos. Muchas ciudades santuario se niegan a honrar los pedidos de ICE (las siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU) de mantener a alguien detenido por un período adicional de 48 horas.
Su orden ejecutiva del 25 de enero establece la retención de subvenciones federales, "excepto cuando se considere necesario para propósitos de aplicación de la ley", a las jurisdicciones que se niegan a cooperar con funcionarios federales de inmigración. No se especifica a qué fuentes de fondos federales se apuntará, aunque las opciones probables incluyen el dinero distribuido por los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional. Trump también ordenó que, todas las semanas, el gobierno "publique una lista exhaustiva de las acciones delictivas cometidas por extranjeros y cualquier jurisdicción que hizo caso omiso o no cumplió con las retenciones con respecto a tales extranjeros".
¿Cuánto dinero podría estar en juego?
En este momento, las estimaciones van desde decenas de millones a miles de millones de dólares, dependiendo a qué fuentes de financiamiento Trump apunte y si los tribunales se lo permiten. Fitch Ratings dice que es poco probable que los recortes sean suficientemente profundos para afectar las calificaciones de deuda de las ciudades santuario, ya que las subvenciones federales se destinan principalmente a programas específicos -como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y subsidios para almuerzos escolares- en lugar de las operaciones generales del gobierno. Fitch señaló que "gran parte de la financiación federal a nivel municipal se distribuye a los estados, condados y distritos escolares en lugar de las propias ciudades".
¿Las ciudades santuario se oponen a las leyes federales de inmigración?
No necesariamente. En términos generales, los líderes de las ciudades santuario simplemente no quieren que su policía local participe activamente en el cumplimiento de los estatutos federales. Exigir a la policía local que averigüe el estatus migratorio o detenga a un sospechoso inmigrante indocumentado que de otra manera no sería detenido, estimularía la discriminación racial y desalentaría a los inmigrantes de reportar delitos o buscar servicios necesarios, según este argumento. "No es la función ni la obligación legal de ninguna jurisdicción local llevar a cabo el trabajo del gobierno federal en inmigración", dice el ILRC.
¿Qué hacen esas ciudades con los inmigrantes indocumentados?
El ILRC identifica siete tipos de políticas "santuario". Incluyen prohibir la presencia de agentes federales en cárceles locales sin una orden judicial y prohibir a los policías locales de participar en patrullajes conjuntos con agentes federales. La adhesión a las siete prácticas varía. Sólo dos condados -Cook en Illinois, que incluye a Chicago, y el condado de San Francisco en California- hacen cumplir las siete políticas y por lo tanto ofrecen las "protecciones más completas" para los inmigrantes indocumentados, según el ILRC.
¿Cómo pueden hacer esto?
En un fallo de 1997, la Corte Suprema sostuvo que el gobierno federal no puede exigir a los funcionarios de los estados hacer cumplir la ley federal.
¿Cuál ha sido la respuesta a la orden de Trump?
San Francisco presentó una demanda judicial contra la orden el 31 de enero. Los alcaldes de Nueva York y Boston, entre otros líderes de las ciudades, se manifestaron en apoyo a sus protecciones de santuario. El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, dijo que duda que el gobierno intente recortar fondos a las ciudades santuario dado el precedente legal que dice que el dinero de subvención federal debe estar "directamente relacionado con el programa en cuestión" y no puede ser "eliminado en forma coercitiva". Pero la amenaza de Trump tuvo un impacto en al menos un lugar: el alcalde del condado de Miami-Dade ordenó a las cárceles de su jurisdicción a cumplir con las solicitudes federales en el futuro.
Con información de Bloomberg y AFP