Juan Pablo Gómez Fierro, juez que desde hace unas semanas mantiene paralizada la reforma eléctrica de la 4T, concedió este martes las primeras suspensiones contra la entrada en vigor del decreto por el que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANUT).
Estimó que la creación de PANUT persigue un fin constitucionalmente legítimo, como lo es facilitar la investigación y persecución de delitos y que dicha base de datos pueda resultar en el intercambio de información con autoridades competentes en materia de seguridad y justicia.
Sin embargo, señaló que “de un análisis superficial” se advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos (huellas digitales, el iris, el rostro o la retina) para registrar una línea de telefonía móvil en el PANAUT, viola derechos de las personas, aún más cuando en México 75 por ciento de la población tiene un teléfono móvil, y “podría no ser idónea ni proporcional”.
Destacó la violación a los derechos de acceso a la información previstos en el articulo 6 de la Constitución, pues dijo que el teléfono móvil es un objeto cotidiano con el que las personas accedan a información plural y difundan sus ideas
Explicó que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, “es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente”.
“En mérito de lo hasta aquí expuesto, se concluye que se encuentran reunidos todos los requisitos para el otorgamiento de la suspensión solicitada y que existe una apariencia del buen derecho que la justifica. Por tanto, se concede la suspensión provisional solicitada”, dijo.
Precisó que, en el caso, la suspensión provisional que se concede para el efecto de que no se aplique al quejoso la obligación establecida en la norma reclamada consistente en registrar su línea telefónica móvil en el PANAUT.
“Y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro. Con dichos efectos, se preserva la materia del juicio de amparo, ya que se impide que la ejecución de la norma reclamada se materialice de tal manera que se vuelva imposible, en caso de obtener una sentencia favorable, volver las cosas al estado en que se encontraban antes de su entrada en vigor, lo que abona a la necesidad de otorgar la suspensión por el peligro en la demora que pudiera conllevar”, indicó.
Agregó que la suspensión provisional decretada surte sus efectos desde luego, esto, es desde el dictado de este acuerdo.
En las últimas horas se han interpuesto una serie de amparos contra dicha reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 de abril pasado y entró en vigor un día después.
SSPC acusa al juez Juan Pablo Gómez Fierro de proteger “interese particulares”
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acusó al juez Juan Pablo Gómez Fierro de “andar de queda bien” y proteger “interese particulares” contrarios a la seguridad del país, por haber otorgado la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
Ricardo Mejía Berdeja, secretario de Seguridad Pública, dijo que se trata del mismo juez que mantiene paralizada la reforma eléctrica y ahora es utilizado “a contentillo por ciertos grupos” y empresas que promueven una campaña contra el registro en el padrón.
Sin precisar de qué compañías se trata, dijo que estas tienen responsabilidad, pero su objetivo es mantener sus altas ganancias por la venta, “sin ningún control”, de celulares de prepago que son empleados en extorsiones, secuestros y delincuencia organizada.
En conferencia de prensa, consideró que el juez no debió conceder la suspensión provisional porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones aún no emite los lineamientos para determinar qué datos biométricos solicitará a los usuarios como una de las condiciones para que sus líneas no sean canceladas.
Incluso manifestó que en el caso de los datos biométricos es posible que el instituto no solicite en conjunto las huellas digitales, iris, rostro o retina, por lo que pudiera ser el caso de que sólo se pida uno de estos registros.
Respecto al presupuesto para elaborar el padrón, expresó que el Instituto tiene el dinero suficiente para elaborarlo.
“(El juez) tiene una actitud muy oficiosa, total interés de andar de queda bien de intereses particulares, en este afán el señor juez confunde el sistema de geolocalización que ya se puede pedir hoy en día y de ahí se agarra, está desorientado, hay frivolidad en su resolución, no puede hacer un análisis preliminar como lo manifiesta”.
Mejía Berdeja indicó que la SSPC no busca ubicar de dónde salen las llamadas de delincuentes, sino saber quiénes están detrás de estas en casos de secuestro, extorsión o “halconeo” de la delincuencia organizada. “Está confundiendo la leche con la magencia”.
Aseguró que los teléfonos de prepago son el “hoyo negro” de la seguridad, pues se venden de manera indiscriminada sin ningún control.
Muestra de ello, dijo, es que nueve de cada diez llamadas de extorsión son realizadas con teléfonos de prepago y en casos de secuestro hubo más de 20 números desde los que se llamó a familiares de las víctimas.
Sostuvo que en el caso de los teléfonos móviles de renta fija las compañías exigen datos personales como identificación de INE, autorización para ir al Buró de Crédito o en algunas aplicaciones ya se piden datos biométricos, pero en estos casos “nadie se rasga las vestiduras” como en el PANAUT.
Con información de Ignacio Alzaga