Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar la sentencia”, dice un acuerdo publicado este lunes en los estrados electrónicos de Tribunal Constitucional.
Al dar entrada al recurso, que se radicó en el expediente 64/2021, la SCJN dio un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación, para que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión rindan sus respectivos informes.
También pidió la entrega de la copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y del Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se publicó.
Cabe recordar que los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano impugnaron el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado el 9 de marzo de 2021 en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
En específico, apelaron diversas fracciones de ocho artículos (3, 4, 26, 35, 53, 101, 108 y 126) de la citada ley al advertir que limitan el acceso de las personas a un medio ambiente sano.
Además, dijeron, la reforma vulnera el Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpia y transición energética de los que México es parte.
Indicaron que también viola los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, además de que atenta contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como de los tratados internacionales.
Mencionaron que la reformada Ley socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía y se contrapone al espíritu de lo establecido en la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad.
Una vez aceptada trámite, el caso será turnado a uno de los ministros quien estará encargado de elaborar el proyecto de sentencia y determinar, en breve, si concede alguna suspensión desde la Suprema Corte contra dicha reforma.
No hay una fecha para que el Tribunal Constitucional resuelva este caso.
Éste recurso se suma a más de 100 amparos promovidos por empresas privadas del ramo de la industria eléctrica, la mayoría de las cuales obtuvo ya suspensiones definitivas, con efectos generales, contra la citada reforma eléctrica.
Dichos amparos fueron concedidos por Rodrigo de la Peza López y Juan Pablo Gómez Fierro, Jueces Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, respectivamente, quienes están estudiando el caso y podrían emitir sentencias antes que lo haga la Suprema Corte.
Otra posibilidad es que antes de definir el caso los citados jueces pidan a la SCJN ejercer su facultad de atracción para resolver en paquete todos estos casos.