En el actual sistema de salud falta orden, planeación y coordinación para enfrentar con eficiencia la epidemia del COVID-19, consideró la directora ejecutiva de Evaluación de Impacto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Janet Zamudio.
Ante legisladores federales en la Cámara de Diputados, la investigadora comentó que el sistema de salud “está fragmentado y requiere aumentar su infraestructura en el primer nivel de atención, además de priorizar a las comunidades aisladas y de difícil acceso”.
Al participar en el foro del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, titulado Requerimientos de Gasto en Salud, anticipó que “las secuelas del COVID-19 generarán una presión en los servicios de salud y por eso es fundamental presupuestarlas”.
También, en su estudio De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la COVID-19: la política social frente a desastres, Coneval remarca que “es necesario definir una estrategia de atención a desastres con incidencia en el desarrollo social”.
Destaca que “la pandemia por COVID-19 ha causado afectaciones imprevisibles y sin precedentes que rebasaron la capacidad institucional de respuesta”, y que “la evolución de los contagios ha sido diferenciada en el territorio nacional y se ha concentrado en zonas metropolitanas. Existen diferencias territoriales en las condiciones y recursos disponibles para atender la salud”.
Alerta que, “con base en el marco de análisis de la política social a partir del enfoque de la GIRD (Gestión Integral de Riesgos ante Desastres), se identificaron 20 afectaciones y 76 riesgos que, con base en la evidencia disponible, se vinculan principalmente con los derechos a la salud, educación y trabajo, así como con la dimensión de bienestar económico”.
Insiste en que “la interrupción de procesos educativos presenciales y su sustitución por la educación a distancia supone riesgos de aumentar las disparidades educativas preexistentes, al reducir las oportunidades que tienen las personas para continuar con su aprendizaje”.
“Ante esta emergencia sanitaria, la política social enfrenta el reto de implementar una estrategia de atención que considere tanto medidas de mitigación como de recuperación. A más de un año del desarrollo de la pandemia, se ha observado que la atención reactiva y emergente puede mejorar sus alcances a partir de una integralidad de acciones para reducir las brechas existentes”, subraya.
Detecta que, “en cuanto a las intervenciones implementadas por las entidades federativas, se identificaron mil 244 programas y acciones efectuadas para atender las afectaciones y riesgos por la pandemia”.
Sergio Bautista Arredondo, director de Economía de la Salud e Innovación en Sistemas de Salud, consideró necesario invertir de forma adecuada para garantizar el acceso, colocar al personal médico en el centro de la estrategia y contar con mecanismos eficientes de licitación, compra y distribución de medicamentos y otros insumos médicos.
Mariana Campos, de México Evalúa, consideró también que se debe incluir la contratación pública en el sector, porque estos procesos son importantes para garantizar un equilibrio.
También “se requiere generar una planeación del gasto a partir de los costos de los servicios y cotizar lo que cuesta atender la salud”.
Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, dijo que, si bien la variable presupuestaria no es suficiente para alcanzar un sistema universal de salud, “se requiere un piso mínimo para lograr la cobertura para las y los mexicanos”.
