La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que promovió Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, en contra de la orden de captura que tiene por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien se había turnado el caso, determinó que García Cabeza de Vaca presentó el citado medio de control constitucional en forma extemporánea.
Explicó que el plazo para interponer una controversia constitucional es de 30 días, a partir de que se tiene conocimiento del hecho impugnado.
Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) divulgó el 19 de mayo pasado que había obtenido de un juez de control una orden de aprehensión contra el gobernador García Cabeza de Vaca. Sin embargo, el gobernador de extracción panista presentó la controversia constitucional hasta finales de julio.
“Se desecha de plano, por extemporánea, la demanda de controversia constitucional presentada por el Poder Ejecutivo de Tamaulipas”, dijo el ministro en una notificación publicada la tarde de este jueves.
Cabe destacar que el gobernador pretendía que la Suprema Corte resolviera si es procedente o no la orden de captura en su contra a la luz del fuero constitucional que tiene como gobernador y el cual ha sido puesto en duda ya que la Cámara de Diputados lo desaforó, pero el congreso de Tamaulipas no homologó el criterio.
Según el mandatario y los legisladores locales, aún persiste el fuero constitucional a favor de García Cabeza de Vaca, pero la Fiscalía General de la República y algunos diputados federales estiman que el mandatario ya no tiene fuero.
El viernes 13 de agosto pasado la Corte admitió a trámite la controversia constitucional del gobernador, sin embargo, se le negó la suspensión. Hoy se reveló que el caso fue desechado.
Esto no implica que el gobernador de Tamaulipas pueda ser detenido, pues todavía cuenta con una suspensión definitiva concedida en mayo pasado por un juez federal, la cual evita su captura por los supuestos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Este fallo todavía puede ser impugnado por el mandatario estatal ante alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.