Un juez mexicano decidió este viernes ampliar hasta noviembre los plazos de investigación sobre el exdirector de Pemex Emilio Lozoya en los dos casos en los que está procesado, uno por recibir sobornos de Odebrecht y otro por la compraventa fraudulenta de una planta de fertilizantes.
Según informó el Consejo de la Judicatura Federal, el juez José Artemio Zúñiga prorrogó hasta el 3 de noviembre la investigación sobre el caso Odebrecht y hasta el 19 de noviembre la de la planta Agronitrogenados.
La prórroga se debe a la necesidad de traducir varios documentos recibidos de Alemania, Brasil y Belice, informó la Judicatura. Emilio Lozoya participó por videconferencia en ambas audiencias, mientras que su madre, Gilda Austin, y su hermana Gilda Susana Lozoya estuvieron en la del caso Odebrecht, en el que están implicadas.
Lozoya, director de la petrolera estatal mexicana entre 2012 y 2016 bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue arrestado el año pasado en España y extraditado a México.
La Fiscalía General de la República lo acusa de haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, y de haber recibido un soborno para que Pemex comprara a la empresa Altos Hornos de México una planta de fertilizantes inservible a sobrecosto.
Su extradición a México generó un terremoto político dado que en agosto del año pasado cerró un acuerdo con el Ministerio Público por el que delató a buena parte de la élite política mexicana a cambio de afrontar su proceso en libertad.
Acusó a Peña Nieto y a su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que aprobaran en 2014 la reforma energética impulsada por el Gobierno.
Entre los señalados de haber recibido estos sobornos está el exdiputado y excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien participó por videconferencia el jueves en su audiencia inicial a pesar de encontrarse fuera de México.
La Fiscalía acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos (unos 340 mil dólares) a cambio de su voto.
El político anunció días atrás su “exilio” por lo que considera una “persecución política” del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que salió del país el 5 de julio.