Varios cientos de padres mexicanos recurren a amparos judiciales para que se vacune a sus hijos antes del retorno a las escuelas, previsto para el 30 de agosto, ante el temor de que suban los contagios de COVID-19 entre los menores de edad.
Entre los padres que han optado por la vía legal está Alma Franco, una abogada del estado sureño de Oaxaca, que a inicios de mes logró que un juez estatal le apruebe un amparo para inmunizar a su hijo de 12 años con la vacuna de Pfizer.
El éxito de la acción legal animó al menos a 200 padres de la capital mexicana y otros estados a emprender procesos similares utilizando el mismo formato de Franco, quien publicó en las redes sociales el texto de su amparo para que otros pudieran copiarlo y lograran vacunar sus hijos.
Algunos medios locales han informado que en los últimos días 15 amparos fueron aprobados y otros 31 fueron rechazados por jueces de diferentes ciudades mexicanas.
Una de las menores que pudo vacunarse gracias a un amparo fue Ingrid Nattalie, una estudiante de 13 años que vive en la ciudad norteña de Mexicali, estado de Baja California. La inmunización de la adolescente, que se realizó el 21 de agosto, fue considerada por su abogado, Jorge Lizarraga, como un “triunfo judicial” ya que sus padres habían hecho otros intentos para vacunarla pero las autoridades sanitarias no se lo permitieron.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó desde el 24 de junio el uso de la vacuna Pfizer a partir de los 12 años, pero el plan nacional de vacunación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solo se aplica en la actualidad a partir de los 18 años. El gobierno mexicano ha vacunado hasta la fecha 56.9 millones de personas con al menos una dosis -el equivalente al 64 por ciento de la población adulta-.
México, cuya población menor de 18 años representa cerca de 31 por ciento de sus 126 millones de habitantes, se mantiene rezagado en la vacunación de menores de edad en comparación con Estados Unidos y 11 países de América Latina -entre ellos Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay- donde ya se comenzó a inmunizar a personas de entre 12 y 17 años.
La batalla legal de cientos de padres por vacunar a sus hijos se da en medio de la tercera ola de COVID-19 que golpea a México, que hasta ahora ha registrado 3.29 millones de contagios y 256 mil 287 fallecidos y se ubica en el cuarto lugar con mayor cantidad de decesos superado por Estados Unidos, Brasil e India.
Los contagios de niños alcanzaron este mes los 60 mil 928 de los cuales 613 fallecieron, según un informe del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de México. El documento publicado por medios locales agregó que en la última semana de julio se contabilizaron mil 637 nuevos casos de menores infectados, registro que no se observaba desde diciembre cuando se reportaron mil 672 casos.
A pesar del aumento en los contagios de niños y adolescentes, el subsecretario de Salud mexicano Hugo López-Gatell descartó esta semana que los menores de edad representen una población de especial riesgo y dijo que “por debajo de los 18 años de edad existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad COVID, sobre todo la enfermedad grave, y un riesgo casi nulo de morir por COVID”.
La postura del alto funcionario fue rebatida por el médico Andreu Comas, académico de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien afirmó que en la tercera ola los niños están desarrollando la enfermedad aunque los cuadros severos son menos frecuentes en comparación con los adultos.
Comas dijo que si el gobierno mexicano quiere disminuir la trasmisión del COVID-19 debe comenzar a vacunar a los menores de edad porque son “grandes dispersores y aceleradores de la enfermedad”.
“Soy mamá y no me gustaría que ninguna familia termine en luto por una omisión del Estado mexicano respecto a preservar la salud del menor”, afirmó Franco al hablar del movimiento nacional que se generó a raíz del amparo que presentó a favor de su hijo, que espera que se vacune en los próximos días.
La abogada, de 48 años, indicó que 200 padres le pidieron apoyo legal para lograr la vacunación de sus hijos antes del retorno a las escuelas previsto para el 30 de agosto luego de más de un año y medio de cierre.
Tras recordar que el año pasado su hijo llegaba por las noches hasta su cama llorando por temor a contagiarse, Franco indicó que el amparo no sólo tiene implicaciones en la salud física sino también en la mental. “Los niños tienen más de un año y medio encerrados en su casas con miedos… esto (la vacunación) les da una seguridad y certeza de que las cosas van a estar mejor para ellos en el caso de que se contagien”.