El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que este mes enviará al Congreso la reforma eléctrica en la que ha estado trabajando.
“En cuanto a la industria eléctrica, vamos a impulsar este mes, voy a enviar al Congreso, una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular”, apuntó en su Tercer Informe de Gobierno.
El mandatario federal afirmó que el mercado eléctrico se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales y extranjeras, mientras que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron abandonadas.
“Ahora estamos modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón en la producción de electricidad”, indicó.
Para Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la reforma constitucional que impulsará el presidente sigue la lógica de la actual administración.
“Empezaron haciendo cambios de política pública, cambios regulatorios que después terminaron en tribunales, después siguió la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y como vieron que no pueden modificar mucho por la vía administrativa regulatoria, el siguiente paso es reformar la constitución”, dijo.
Consideró que se puede esperar una reforma con el espíritu de la Ley de la Industria Eléctrica, que consiste en beneficiar a las Empresas Productivas del Estado en detrimento de los productores privados.
Para el especialista, las implicaciones de esta reforma serían tres, la primera de ellas es que el sector privado produce energías renovables con costos más bajos que los que ofrece la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que una reforma para favorecer a esta empresa del Estado afectará las finanzas públicas.
La segunda implicación es que se favorecerá la producción de energías fósiles, lo que tendrá un impacto en el medio ambiente, mientras que la tercera implicación es que se estaría vulnerando el Estado de Derecho, ya que los particulares se estarán enfrentando a panoramas distintos en comparación de los que invirtió originalmente.
Arturo Carranza, analista del sector energético, apuntó que la reforma no será muy distinta a los argumentos del pasado.
“Visualizo que se tratarán de modificar los artículos 25 y 28 de la Constitución, en los que se habla de competencia económica y participación de privados en determinadas áreas estratégicas del Estado”, subrayó.
Advirtió que habrá periodos de mucha negociación, ya que la coalición de Morena, el Partido Verde y PT no tienen la mayoría calificada en ninguna cámara.
“Le faltan al presidente poco más de 50 votos en cámara de diputados para obtener mayoría calificada y que se le abra el candado a una reforma constitucional, y en senadores le faltan 8 votos. Es complicado pero no imposible”, indicó.
Claudio Rodríguez Galán, socio de la Práctica de Energía de Holland & Knight, prevé que aunque se alcancen las mayorías calificadas para aprobar la reforma del presidente, se debe tener en cuenta que cualquier reforma constitucional, sin importar el calado, tiene que respetar diversos principios.
“Desconocemos el calado y redacción de la reforma, suponiendo que sea de 180 grados, tendrá que respetar principios constitucionales de protección al medio ambiente y no retroactividad, lo que significa que todo lo que se haya invertido en México desde la reforma energética de 2013 se tiene que respetar”, dijo.
Con información de Héctor Usla