En la SEP, que dirige la secretaria Delfina Gómez Álvarez, no sólo hay incertidumbre en el reinicio de clases presenciales, en el contenido de los libros de texto y en el rezago de programas y en el proceso de aprendizaje por la epidemia del COVID-19; también se observan, sólo del 2020, dudas en la autenticidad de 305 mil 333 títulos y 29 mil 588 cédulas profesionales.
De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la dependencia reportó el registro de 305 mil 333 títulos o grados académicos y expedición de cédulas profesionales con efectos de patente del nivel superior, “pero no contó con información clara, completa ni oportuna del tiempo en el que se realizaron los procedimientos electrónicos”.
Por ello, “no contó con parámetros para evaluar su oportunidad y, además, registró 29 mil 588 solicitudes de expedición de cédulas sin aclarar el origen ni su correspondencia con las cédulas emitidas, ni con las 19 mil 499 solicitudes identificadas para el procedimiento híbrido, lo que evidenció áreas de mejora en el procesamiento de información”.
También señala que la SEP “careció de disposiciones para identificar los criterios, los mecanismos de control y las fases de los procesos de autenticación y dictaminación; asimismo, no acreditó la implementación de mecanismos de coordinación con las entidades federativas para uniformar las normas a que deba sujetarse el ejercicio profesional”.
Advierte que “si bien se reconocen avances en el proceso de expedición de cédulas profesionales electrónicas, deben fortalecerse los mecanismos implementados por la SEP en la materia, para garantizar que se lleve a cabo un proceso de mejora continua que evite poner en riesgo la actividad rectora del Estado en materia de ejercicio profesional, para contribuir a que los profesionistas cuenten de forma oportuna con un registro que les permita ejercer su profesión en un marco de legalidad y certeza jurídica”.
La ASF alerta que “el registro de títulos y expedición de cédulas profesionales realizado por la SEP, mediante el Pp E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones, en 2020 presentó áreas de oportunidad, lo cual impidió asegurar que su otorgamiento se realizó de forma eficiente y eficaz a los egresados de educación superior, a fin de que ejerzan su profesión, debido a que el marco normativo general y específico en la materia no fue congruente, pertinente ni actualizado”.
Subrayó que “las disposiciones generales contenidas en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y su reglamento, datan de hace 75 años y las específicas no han sido revisadas ni actualizadas desde un enfoque integral que procure la concurrencia de las entidades federativas en el establecimiento y unificación de las bases para el registro de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales”.
Resalta que “si bien desde 2018 se realizaron diversas actividades para modificar la normativa en materia de expedición de cédulas profesionales electrónicas, la emisión del nuevo Reglamento Interior de la SEP se realizó en 2020, casi dos años desde esas reformas, ya que estuvo asociada a la expedición de la Ley General de Educación derivada de la reforma constitucional de 2019”,
Lo anterior -señala- “repercutió en la falta de atribuciones para realizar las actualizaciones que debían proponerse en la normativa específica, por lo que los manuales de organización y de procedimientos de la DGPROF no han sido actualizados por la dependencia conforme a las nuevas disposiciones”.
Derecho de réplica:
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2021
Enrique Quintana
Vicepresidente y director general Editorial
El Financiero
Presente
Con relación a la nota “La SEP ha emitido 305,333 títulos ‘patito’ y miles de cédulas sospechosas: Auditoría”, publicada el pasado lunes, 20 de septiembre, en el sitio web de El Financiero, y firmada por el reportero Víctor Chávez, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hace las siguientes precisiones.
La SEP, a través de la Dirección General de Profesiones (DGP), tiene la facultad, por ley, de registrar títulos de nivel licenciatura y posgrado, así como la expedición de cédulas profesionales, por lo que es erróneo señalar que la dependencia es responsable de la emisión de títulos, dicha función, corresponde a las instituciones educativas públicas y particulares con validez oficial de estudios.
Respecto a la cita “pero no contó con información clara, completa ni oportuna del tiempo en el que se realizaron los procedimientos electrónicos”, es indispensable señalar que dicha aseveración no tiene relación alguna con la autenticidad de las cédulas profesionales emitidas por la DGP.
Se hace alusión a tres casos de las 310 mil 650 cédulas electrónicas emitidas en el año 2020, sin embargo, tal circunstancia no afectó la emisión de las cédulas correspondientes.
La nota publicada toma datos parciales e incompletos del proceso de auditoría, y refiere que en 29 mil 588 solicitudes de expedición de cédulas no se había aclarado el origen. No obstante, esa afirmación resulta inexacta ya que se informó que las solicitudes fueron recogidas en el sistema electrónico, lo que permitió una atención excepcional a los usuarios durante la pandemia.
En cuanto a la afirmación “la SEP careció de disposiciones para identificar los criterios, los mecanismos de control y las fases de los procesos de autenticación y dictaminación”, se informa que la dependencia entregó a la Auditoría Superior de la Federación una base de datos completa, recogida del sistema electrónico, lo que quedó plenamente acreditado en el proceso de respuesta a la auditoría.
Finalmente, se precisa que la DGP sostuvo diversas reuniones regionales, y una de carácter nacional, con las autoridades locales de las 32 entidades del país en materia de profesiones, lo que demuestra que sí se implementaron diferentes mecanismos de coordinación para la expedición de cédulas profesionales.
Por lo anterior, y con la finalidad de no generar confusión entre la población, especialmente entre sus lectores, solicitamos amablemente sea publicada en el mismo espacio la presente carta.
Atentamente
Dirección General de Comunicación Social
Secretaría de Educación Pública