Mañana se cumplen siete años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, un grupo de jóvenes fue detenido por policías municipales, bajo el argumento de que habían tomado autobuses.
Esa misma noche continuaron las agresiones contra los jóvenes y tiempo después se demostró que no sólo las autoridades municipales participaron, sino también personas que eran parte de Guerreros Unidos, una estructura criminal involucrada con el gobierno del estado.
Desde esa noche, las familias de los 43 normalistas viven con la incertidumbre de saber qué pasó con sus hijos y dónde están. A la fecha, se sabe que fueron ejecutados tres normalitas y se han encontrado sus restos.
Además, de acuerdo con Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
El gobierno de Enrique Peña Nieto presentó ‘La Verdad Histórica’, una investigación que concluye que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el bausero de Colula.
Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abrió el caso de nuevo en 2018. Derrumbó la versión de ‘La Verdad Histórica’ luego de encontrar restos del normalista Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, ubicada a un kilómetro del basurero, por lo que se dedujo que los estudiantes no fueron arrojados al basurero.
Se asignó un fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien en días recientes realizó una evaluación de lo que ha sido el trabajo de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa y de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República.
El fiscal Gómez Trejo dijo que para defender el relato del sexenio anterior “hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición que gozaban y en función de eso desviaron una investigación y con ello negaron el acceso a la justicia a las familias, la búsqueda de sus hijos y negar la verdad”.
Además, López Obrador se reunió ayer con los padres de los normalistas y junto con Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, les informaron avances de la actual investigación.
‘’Mucha de la información que por años estuvo oculta en distintas áreas del gobierno federal y en aquel entonces, de la Procuraduría General de la República, se ha venido analizando’', comentó Encinas.
Informó también que López Obrador envío una carta al Primer Ministro de Israel, Naftali Bennett, para solicitar apoyo y acelerar extradición de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Zerón participó en la investigación del caso Ayotzinapa. Se le atribuye presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.
El gobierno también persigue a los responsables de la investigación del sexenio anterior, que estuvo liderada por Zerón.