Un informe de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) reportó que en más de un año de operación de la ley de amnistía, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo ha procedido en 39 casos.
Sin embargo, aunque sin el beneficio de ese nuevo mecanismo, se han detonado las liberaciones anticipadas, ya que entre 2020 y 2021 se liberó a mil 985 personas, en 2019-2020 hubo mil 22 libres y mil 592 más entre 2018-2019.
Aclara que con la iniciativa del Presidente –y con el decreto que se publicó el 22 de abril de 2020– en el periodo que se reporta a la Comisión de Amnistía, que preside la Secretaría de Gobernación, sólo hubo 294 solicitudes presentadas, de las que –en su tercera sesión, el 29 de marzo de 2021– se rechazaron 169 y se declararon procedentes 39, 23 de las cuales fueron presentadas por la Defensoría Pública Federal, precisa.
Detalla también que, entre 2020 y 2021, mil 85 se promovieron para beneficios preliberacionales en el Sistema Penal Acusatorio y 900 en el tradicional, y se obtuvo la libertad en todos los casos.
El reporte a septiembre del IFDP –en manos de diputados de Morena– expone que “este beneficio puede decretarse a favor de personas contra quienes se haya ejercido acción penal, contra personas procesadas y contra personas a quienes se les haya dictado sentencia”.
El informe destaca que “los delitos con mayor representación en el sistema penal tradicional” fueron contra la ley de armas de fuego y explosivos, el 32 por ciento, con 2 mil 697; otros, con el 30 por ciento y 2 mil 505 casos; contra la ley contra la delincuencia organizada, el 22 por ciento, en mil 874 casos; contra la salud, el 13 por ciento, con mil 74 casos; por secuestro, un 2 por ciento, con 139 casos, y por delitos fiscales, el 1 por ciento, con 131 casos.
Detalla que “en cuanto al sistema penal acusatorio y a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos de las y los representados se promovieron 3 mil 159 amparos, de los cuales 74 fueron directos y 3 mil 85 indirectos. Y en el sistema penal tradicional se promovieron 2 mil 943 amparos, de los cuales 229 fueron directos y 2 mil 714 indirectos.
Para la aplicación de la ley de amnistía se conformó una comisión que está integrada por la Secretaría de Gobernación, que la presidirá; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Secretaría de Bienestar; el Instituto Nacional de las Mujeres, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El IFDP –dependiente de la Judicatura Federal– impulsó su incorporación como invitado permanente con derecho de voz en la comisión.