La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer, en calidad de indiciados, a ocho de los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a los que busca imputarles el desvío de miles de millones de pesos del erario público.
Hasta ahora no se sabe si la FGR insistirá en imputar a los investigadores los delitos de delincuencia organizada y lavado por los que un juez ya negó girar las órdenes de aprehensión.
De acuerdo con los registros oficiales, por ahora son ocho los académicos que han recibido citatorio para presentarse, a partir de las 13:00 horas de este martes en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR.
Según un calendario entregado a medios, este lunes debe comparecer las a las 13:00 horas Rafael Pando Ceron, quien se desempeñó como director de Planeación Tecnológica del Conacyt.
Mañana comparecerá, también a las 13:00 horas, Gabriela Dutrént Bielous y Patricia Zúñiga Cendejas. Esta última es exsecretaria técnica del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT).
Y el jueves a las 11:00 horas deberán presentarse Julia Tagüeña Parga, excoordinadora del FCCyT y, a las 13:00 horas, José de Jesús Franco López, excoordinador general del FCCyT.
Los citatorios fueron girados por Genny Franco Martínez, fiscal de la Unidad Antilavado de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La acusación original de la FGR contra los investigadores del Conacyt y exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico es por un presunto quebranto al erario federal por 471 millones de pesos.
”El Foro Consultivo gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios”, dijo hace unos días Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia de la República en un mensaje en Twitter.
Acusó que el FCCyT presionó para recibir este año 33 millones de pesos más del Conacyt, habiendo ejercido ya 16 millones de pesos.
Algunos de los investigadores y sus abogados dijeron que desde que se integró la carpeta de investigación, la FGR no había dado acceso a los académicos para conocer las imputaciones en su contra y con ello garantizar la debida defensa. Por ello tuvieron que tramitar amparos pese a lo cual la FGR negó también el acceso al expediente.