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Juez ordena al gobierno a vacunar contra COVID a todos los menores de 12-17 años

Emplazó al gobierno federal a la modificación del Plan Nacional de Vacunación en un plazo de 48 horas.

(Cuartoscuro)

Claudia Gámez Galindo, secretaria en funciones de juez, ordenó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador modificar el Plan Nacional de Vacunación (PNV) con el objeto de incluir a todas las personas de entre 12 y 17 años de edad en la jornada de vacunación contra el COVID-19.

La decisión se tomó al conceder una suspensión a una menor de edad, pero cuyos efectos son de aplicación general, bajo la premisa de que el derecho humano a la salud es universal.

”Los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la menor quejosa, sino a todas las y los menores de 18 años”, dijo Gámez Galindo al conceder la primera suspensión con efectos generales para vacunar a menores contra COVID-19.

Hasta ahora, el gobierno federal y los gobiernos estatales han vacunado solo a aquellos niños y adolescentes con padecimientos graves, quienes han promovido amparos y obtenido suspensiones judiciales.

De acuerdo con la notificación, Gámez Galindo, secretaria en funciones de juez del Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Naucalpan, Estado de México, emplazó al gobierno federal a la modificación del PNV en un plazo de 48 horas.

El plazo vence el jueves aunque la administración federal tiene aún la posibilidad de impugnar la determinación para que sea un Tribunal Colegiado quien determine si mantiene la orden de modificar el PNV o, por el contrario, revoca la resolución.

De acuerdo con la secretaria en funciones de juez, los menores deben ser inoculados con la vacuna Pfizer-BioNtech, hasta ahora la única autorizada para ese sector de la población.

En su resolución, Gámez Galindo sostiene que el desabasto de la vacuna no debe ser una justificación para incumplir con la medida cautelar ordenada.

Aseguró que el gobierno federal debe garantizar el derecho humano a las vacunas y para ello es necesario que se extremen las medidas necesarias “hasta el máximo de los recursos de que disponga” y se logre progresivamente su plena efectividad.

De acuerdo con el censo de población, la medida estaría beneficiando a unos 10 millones de personas de entre 12 y 17 años.

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