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España ‘protege’ a Lydia Cacho: le da ciudadanía ante ‘riesgo de muerte’

La periodista obtuvo la ciudadanía de ese país a través de un decreto real.

La periodista vive en España desde hace tiempo (Cuartoscuro)

La periodista Lydia Cacho obtuvo la ciudadanía española a través de un decreto real, esto por el “riesgo a su vida”, informó el Ministerio de Justicia de ese país.

El Consejo de Ministros señaló que la situación de la escritora es “vulnerable” pues Cacho ha sufrido más de seis atentados y se encuentra amenazada de muerte.

“Su vinculación con España es muy estrecha, pues ha colaborado de forma regular con medios españoles, así como con diferentes organizaciones y entidades”, agregó el ministerio.

Por ello, el Consejo de Ministros de la dependencia aprobó un decreto real por el que se le concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Cacho no fue la única beneficiada por la medida. El Ministerio de Justicia aprobó cartas de naturalización a la escritora brasileña y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Nélida Piñón; al autor teatral y actor de nacionalidad argentina, Óscar Martínez; al periodista William D. Chislett; a la jugadora de ajedrez de origen georgiano, Ana Matnadze; a Fraidelyn Padua, hija de una mujer asesinada por su pareja en España, y a Dounia el Ghorfi, víctima de un caso de abandono de familia y malos tratos domésticos.

¿Cuáles son las amenazas que enfrenta Cacho?

En agosto, la magistrada Selina Avante Juárez ordenó a las autoridades del Líbano la liberación de Kamel Nacif Borge, pese a la evidencia que se tiene en su contra, acusó Cacho en su cuenta de Twitter.

“Una magistrada al servicio de la red internacional de trata de niñas y niños opera basada en una mentira para desactivar un juicio que ganábamos ya en la arena internacional”, escribió la periodista en un tuit en agosto.

Un mes atrás, la magistrada Selina Ahidé Avante Juárez, del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, dictaminó junto con Graciela Bonilla González, secretaria de tribunal en funciones de magistrada, que “no hay prueba fehaciente” sobre la existencia de una orden del empresario José Kamel Nacif para torturar a la periodista por publicar el libro Los Demonios del Edén.




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