El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados propuso en la tribuna del pleno de San Lázaro una iniciativa de reformas legales para instaurar la prisión preventiva oficiosa para castigar el cierre de las vías de comunicación.
A través de la diputada federal por Nuevo León, Marcela Guerra Castillo, el ‘tricolor’ argumentó que en los últimos meses se han registrado cierres arbitrarios e ilegales en vías de comunicación terrestre que afectan a la gente, el comercio y la economía del país.
Al exponer en la tribuna del Pleno camaral esta iniciativa, la legisladora priista explicó que estas acciones realizadas por contingentes de manifestantes o grupos de la delincuencia organizada, en entidades federativas como México, Jalisco, Sonora, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, “representa una afectación nacional”, por lo que subrayó que, la iniciativa incluye “agravar las penas para quienes lo realizan por un periodo prolongado”.
Detalló que la Asociación de Industriales de Michoacán reportó por estos bloqueos a vías férreas en su entidad, pérdidas por más de 150 millones de pesos, con la interrupción del traslado de toneladas de mercancías, tránsito de personas y afectación al turismo.
Guerra Castillo indicó que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), así como empresas privadas, estiman también pérdidas de 7 mil millones de pesos originados sólo por la toma de casetas a lo largo y a lo ancho del país. Los daños colaterales, expuso, son un marcado debilitamiento a las cadenas de distribución, la logística y las operaciones industriales en nuestro país.
A pesar de estas problemáticas, la diputada priista aseguró que las acciones del gobierno federal han sido insuficientes, por lo que propuso, desde el Poder Legislativo, tomar cartas en el asunto, que reviertan estas maniobras arbitrarias que vulneran la seguridad y la movilidad de los mexicanos, quienes esperan por largas filas y pagan cuotas ilegales.