La antigua Procuraduría General de la República ordenó investigar en 2015 y 2016 a tres prestigiosas mujeres que representaban a las víctimas de varias masacres contra migrantes, o ayudaban a saber la verdad sobre esos crímenes como si fueran ellas las sospechosas de delincuencia organizada, denunciaron este miércoles colectivos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Las pesquisas fueron contra Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación para la Justicia, que representa a cientos de familias de migrantes desaparecidos en México y Centroamérica; Mercedes Doretti, cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y pieza clave, entre otras, de la investigación por los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014; y Marcela Turati, una destacada y premiada periodista mexicana especializada en temas de desaparecidos en México.
La procuraduría rastreó por más de un año sus llamadas, mensajes, contactos, información personal y datos de geolocalización como parte de la investigación sobre las 48 fosas clandestinas halladas con 193 cuerpos de presuntos migrantes en la localidad de San Fernando, en la frontera noreste de México, en 2011.
Delgadillo explicó que después de años de pedir la información sobre las pesquisas de las fosas a la que tenían derecho como abogados de las víctimas, en mayo pudieron acceder a un tomo del expediente y descubrieron que estaba dedicado a investigarlas a ellas “citando como marco de referencia la delincuencia organizada y secuestro” y sin ningún sustento válido.
“El ataque no es solo a nosotros, es un ataque a la democracia”, sentenció la abogada, porque se intentó criminalizar al sistema mexicano de derechos humanos, de representación de víctimas, a los servicios forenses independientes y a la libertad de expresión.
Las tres fueron arropadas el miércoles por familias de víctimas y colectivos mexicanos y centroamericanos, el Comité para la Protección de Periodistas (una ONG con sede en Nueva York), Amnistía Internacional y hasta representantes de la oficina de la ONU en México.
Parte de estas ONG denunciaron que con esta actuación “se distorsionó y se engañó al sistema (de procuración de justicia) alejándolo del fin para el que fue creado: el combate a a impunidad” y se puso a las tres mujeres en riesgo.
“No sabemos por qué abrieron la investigación en 2015 pero sí sabemos lo que estábamos haciendo” en ese momento, dijo Doretti a través de videoconferencia.
Lo que hacían era denunciar irregularidades en algunas de las mayores masacres ocurridas en México en la historia reciente: la de los 72 migrantes asesinados en San Fernando (Tamaulipas) en 2010, las fosas de esa misma localidad halladas en 2011, los 49 migrantes despedazados también en el norte, en Cadereyta (Nuevo León) en 2012, o el caso de los 43 estudiantes de magisterio de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en el sureño estado de Guerrero.
Parte de lo que se sabe de esos crímenes, sobre los que todavía hay más preguntas que respuestas, es que en la mayoría de los casos los cometieron miembros de la delincuencia organizada con la complicidad o la inacción de funcionarios y policías.
“La verdad es sanadora y esa verdad es dar a conocer muchas veces irregularidades”, agregó la perita argentina.
México tiene un serio problema de desapariciones con más de 90 mil personas no localizadas desde 2006, cuando inició la guerra frontal contra el crimen organizado. Además, tiene decenas de miles de restos sin identificar.
La investigación contra las defensoras tuvo lugar durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) cuando, paradójicamente, tanto la fundación de Delgadillo como el EAAF trabajaban con las autoridades en algunos casos mencionados.
“Buscábamos que hubiera justicia, que no hubiera impunidad”, afirmó Delgadillo. Sin embargo, sobre las fosas clandestinas no hay una sola sentencia y las irregularidades fueron desde la incineración de cuerpos a la entrega de restos a familias equivocadas.
“Ojalá al crimen organizado y al Estado coludido con el crimen organizado lo investigaran con esa celeridad”, dijo Delgadillo tras recordar que tuvo que litigar seis años y llegar a la Corte Suprema solo para que le dieran copia del expediente de las fosas.
La abogada agregó que ya se ha puesto una denuncia ante la fiscalía federal para esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), recordó que muchos de los principales investigadores de la fiscalía federal en 2015 y 2016 están bajo investigación ahora por obstrucción a la justicia en el caso Ayotzinapa.
Bertila Parada, madre salvadoreña de uno de los migrantes hallados en las fosas de San Fernando, no ocultaba su indignación. Recordó que fue el equipo de Doretti el único que acudió a tomarles muestras de ADN y no el gobierno; que fue Delgadillo la que logró que la reconocieran como víctima, no el gobierno, y que fue Turati quien llegó a su casa “a difundir la verdad” .
“Si nos quitaran nuestras defensoras, ¿quién nos va a defender?”, se preguntó.