La Corte Suprema de Chile aprobó este viernes la extradición a México de Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán, quien es investigado por las autoridades mexicanas por enriquecimiento ilícito.
El ministro chileno Mauricio Silva Cancino aceptó la solicitud formulada por las autoridades judiciales mexicanas y autorizó la extradición del también exdiputado de la Ciudad de México, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
En la resolución (63.425-2021), el ministro Silva Cancino estableció que el caso cumple con las exigencias del tratado de extradición suscrito entre Chile y México y que, en esta etapa procesal, existen fundamentos para el enjuiciamiento del requerido.
“Establecido entonces que el pedido de extradición se encuentra en armonía con las exigencias del tratado internacional aplicable (artículo 449 del Código Procesal Penal), el cual dispone que el tribunal concederá la extradición si estimare que de los antecedentes del procedimiento pudiere presumirse que en Chile se deduciría acusación en contra del imputado por los hechos que se le atribuyen”, plantea el fallo.
La sentencia señala que el ministro tomo en cuenta las pruebas presentadas por la Fiscalía de la Ciudad de México el día 28 de octubre de 2021, en las que sobresale la escritura pública de la compra-venta de un inmueble ubicado en la alcaldía Tlalpan, en la CDMX, por un monto cercano a los 6 millones de pesos.
Además de estados de cuenta en lo que se exhiben depósitos bancarios durante los años 2012, 2013, 2016, 2018 y 2019 que “exceden con creces las remuneraciones y los ingresos percibidos en función de su cargo público”.
De tal forma, según se puede leer en la resolución de la justicia chilena, Mauricio Toledo presenta excedentes en sus estados de cuenta por $11 millones 419 mil 877 pesos, sin contar el dinero que se utilizó para adquirir el inmueble en San Miguel Xicalco, Tlalpan.
Asimismo, se tuvo en consideración “los informes policiales de 06 y 09 de julio de 2021, que dan cuenta de diversos artículos de prensa y actividades irregulares en las que intervendría el requerido, como una red de prestanombres y empresas fantasmas que no tienen un domicilio físico”.
También se consignó que se observaron “distintos oficios emitidos por el Jefe de la Unidad Departamental de Investigación Registral, donde se da cuenta de registros públicos y de comercio de tres inmuebles asociados al requerido, junto a los valores de cada uno”.
Finalmente, las autoridades chilenas afirmaron que no hay pruebas concretas que indiquen que la solicitud de extradición se trate de una persecución política, ya que no hay nexo de irregularidades del desafuero con las ideas políticas de Toledo.
Durante la audiencia en Chile, Toledo señaló que no era su voluntad declarar.