“Me tienen secuestrado en este espacio”, aseveró el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, quien está recluido en una celda de cuatro por cuatro metros en el reclusorio de Pacho Viejo, Coatepec, con más de 27 personas dentro.
El lunes pasado, el senador de Morena Eduardo Ramírez habló vía telefónica con Del Río Virgen, quien se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación intelectual en el asesinato de Remigio Tovar, excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano.
“Me dan de comer sólo una vez al día y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia. Voy a resistir. Soy inocente, Eduardo –me dijo–; no tengo nada de qué arrepentirme; se lo he dicho a mi familia, a mi esposa, a mis hijos”, aseguró.
“Al principio pensé que era un secuestro. Después me di cuenta que me llevaban a un reclusorio. Yo estoy en calma; solamente les pido que no me dejen solo”, relató ayer el legislador chiapaneco.
El presidente de la comisión especial de la Cámara alta para investigar abusos de autoridad y violaciones al Estado de derecho en Veracruz, el senador de MC, Dante Delgado, aseguró, en rueda de prensa conjunta, que el encarcelamiento de Del Río Virgen no es un hecho aislado de abuso de autoridad y violación de derechos humanos en Veracruz.
Según el legislador, esta comisión actuará con absoluta objetividad y con evidencias documentales de los distintos casos de abuso de autoridad en la entidad gobernada por el morenista Cuitláhuac García.
“El grupo de trabajo de la comisión autorizó abrir un portal para recibir y documentar las quejas, así como la instalación de una mesa de trabajo en el Senado y en el estado para hacer acopio de denuncias que se documenten debida y legalmente, sin agraviar a nadie, sino que propicie el auténtico Estado de derecho que todos exigimos. Lo dijimos desde el primer momento: todos los casos serán documentados”, dijo.
La senadora panista Indira de Jesús Rosales leyó, en su oportunidad, una carta enviada por familiares de Yolli García, expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien fue detenida un día después de dejar el cargo y a la fecha acumula más de 630 días presa en el Cereso de Pacho Viejo.