Tras la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, estudiantes y organizaciones feministas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) pidieron al Gobierno federal reconsiderar la decisión para evitar que más mujeres se vean afectadas, pues el historiador ha sido señalado por acoso sexual.
Sin embargo, obtuvieron una respuesta desalentadora por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta semana invalidó los reclamos al decir que las denuncias públicas no eran suficientes para juzgar al señalado.
“No se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas (…)Tienen ellas que presentar sus denuncias y acudir al Ministerio Público (MP) y con toda la protección, señalar lo que sufrieron, padecieron, y la autoridad competente debe resolver, pero no hacer juicios sumarios y más cuando se trata de asuntos políticos”, indicó el presidente en una conferencia matutina.
Una de las integrantes de la plataforma Me too del ITAM difiere de la posición de López Obrador y subrayó que “cualquier víctima que desea contar su historia en la forma en que lo decida hacer, está haciéndolo de una manera formal”.
“Todas las denuncias sirven para crear esta narrativa de que una persona realmente está siendo violentada. Nadie cuenta su historia, incluso aunque lo haga de forma anónima, para llamar la atención, la gente cuenta su historia porque necesita cerrar ciclos, asumir y entender para sí mismas que es lo que pasó”, dijo en una entrevista para El Financiero.
En tanto, Leslie Jiménez, especialista en derecho penal, explicó que mantener la idea de que solamente las denuncias presentadas ante el MP son “formales” y “válidas” desincentiva a las alumnas y alumnos que busquen contar y resolver algún tipo de violencia ante su universidad, pues piensan que no obtendrán resultados positivos.
“Este tipo de mensajes de ‘denuncias formales y legales solo son ante Ministerio Público’, solo está perpetuando que las unidades de género en las escuelas sigan perdiendo este papel de importancia, no se les reconozca la función que tienen, y que evidentemente se desvirtúe lo que señala Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los mandatos que vienen en esta ley”, apuntó en una entrevista para El Financiero.
Actualmente, las escuelas y centros de trabajo cuentan con protocolos para atender quejas de acoso, así como con unidades de género para investigar, dar acompañamiento a las personas afectadas y, en su caso, hacer sanciones administrativas.
La diferencia principal en este sentido entre una denuncia penal hecha ante un Ministerio Público y una denuncia hecha ante una autoridad administrativa (como una escuela) es que la primera puede castigar con la libertad (años de cárcel) y el patrimonio (multas), mientras que la segunda puede, por ejemplo, remover a un profesor o trabajador u ofrecer una disculpa pública, detalló.
De acuerdo con Me Too ITAM, la declaración del presidente revictimiza específicamente a las estudiantes que han tenido que enfrentar un aciago proceso antes de atreverse a dar testimonio sobre su situación y al mismo tiempo, da cuenta del desconocimiento de la autoridad sobre las violaciones que vuelven a sufrir las mujeres que reclaman ante instancias como el Ministerio Público.
“Alrededor de cualquier agresión que sufre una mujer hay un estigma en que es su culpa y se lo buscó y cuando se pasa un poco ese estigma y la víctima decide acudir a las instancias judiciales pues hay toda una serie de trabas para que ella no siga el proceso, hay incluso intimidaciones por parte de los victimarios”, explicó la agrupación.
Incluso si las denuncias contra Pedro Salmerón fueran presentadas ante el Ministerio Público, podrían no prosperar por la falta de pruebas para avalarlas, lo que vuelve a poner en desventaja a las agredidas.
“Uno de los problemas a los que se enfrentan las mujeres que son víctimas de acoso y de hostigamiento es que ese tipo de abusos se cometen en la esfera privada y difícilmente uno va grabando por la vida las conversaciones que va teniendo, entonces ‘demostrar con pruebas’, como normalmente se dice en los MP, una conducta de acoso o de abuso, es evidentemente muy difícil”, acusó el grupo.
Las universidades y otros centros escolares cuentan con protocolos y unidades de género para atender este tipo de casos de acoso u hostigamiento justamente para dar soluciones prontas a mujeres que sufren violencia. Y las quejas presentadas ante estos organismos son tan válidas como las que se hacen ante un MP.
“Si pensamos que todo tiene que pasar por el MP seguimos perpetuando esa idea punitiva de que todo lo tiene que sancionar una autoridad punitiva, lo cual no es así (...) Esos protocolos y esas unidades devienen precisamente de instrucciones legales más altas como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, indico la especialista.
El problema con replicar la idea de que solo cuentan las denuncias hechas ante un MP por parte de personas que vivieron abuso o acoso es que se envía un mensaje que invalida sus vivencias, les revictimiza y les hace pensar que no hay solución. Esto a su vez genera un nuevo muro de impunidad, consideró Jiménez.
Se debe respetar la agencia de la víctima, puntualiza la especialista. Es decir, las personas deben contar con la agencia para decidir si quieren solamente mantener la denuncia dentro del espacio educativo, buscando una solución ante la violencia vivida o si quiere llevarla a una autoridad penal, añadió.
El caso Pedro Salmerón
Pedro Salmerón presentó su renuncia al ITAM en abril de 2019, luego de que las alumnas fueran convocadas discretamente por el entonces jefe del departamento de Ciencia Política a presentar sus denuncias con el objetivo de elaborar un expediente.
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— Alberto Simpser (@AlbertoSimpser) April 2, 2019
En ese entonces, Salmerón “era el único profesor de asignatura, que daba Historia II, Historia de México II, todas las alumnas tenían que pasar por su clase y digamos que era este rumor de pasillo en el que nosotras lo teníamos un poco en el radar”, detalló Me Too ITAM.
Pese a los intentos de llevar a cabo este proceso con cautela para evitar una contrajugada del involucrado, este presentó su renuncia y el encargado de la investigación dio por terminado el caso.
“El problema fue que el profesor se enteró de que estaba habiendo estas averiguaciones, dejó de ir a clase y posteriormente renunció a su cargo y ya no volvió al ITAM. Cuando se le preguntó al jefe de departamento qué había sucedido, lo que dijo fue que ya no habían seguido con la investigación porque como el profesor ya no era parte de la comunidad pues entonces no le iban a dar seguimiento a las denuncias”, comentó el grupo.
Hasta el momento el caso de Salmerón se mantiene impune al igual que otros más que sí se han atendido jurídicamente, como el de Félix Salgado Macedonio, quien continúa ocupando cargos públicos pese a las acusaciones sobre abuso sexual en su contra.
“Ignorar la cantidad de denuncias que se hicieron no solo dentro del ITAM sino dentro de la UNAM y dentro de Morena hacia esta persona nos deja ver que hay un nivel de compadrazgo altísimo con esta persona. Ya también vimos el caso de Félix Salgado Macedonio, en el que había denuncias formales y no se tomó lo suficientemente en cuenta”, concluyó el grupo.