Por amenazas directas hacia su persona, el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación registra en el país a mil 455 personas inscritas, en el cual 467 son comunicadores y 988 defensores, hasta abril del año pasado.
Los estados en donde más personas se encuentran protegidas por esta organización son Ciudad de México, con 196 de los cuales 91 son mujeres (23 periodistas) y 105 hombres (73 comunicadores); Oaxaca, con 137 de los cuales 62 son mujeres (3 comunicadoras) y 75 son hombres (15 periodistas); Guerrero, con 111 en el cual 47 mujeres (17 reporteras) y 64 hombres (37 comunicadores).
También aparecen en la lista entidades como Michoacán, con 103 personas; Chiapas, con 98; Veracruz, con 88; Jalisco, con 81; Estado de México, con 80; Quintana Roo, con 65; y Tamaulipas, con 63, entre otros.
Los estados en donde el ser periodista no se corre un alto “riesgo” son Zacatecas y Colima, que no presentan ninguna persona bajo protección del mecanismo; mientras que entidades como Jalisco y Durango, cuentan con un comunicador bajo protección; Nuevo León y Nayarit, con dos; Querétaro y Aguascalientes, con 4; Chiapas y Campeche, con 5; Yucatán, Tlaxcala, Tabasco y Baja California, con 6.
En lo que respecta a las entidades con menos casos de Defensores de Derechos humanos bajo protección son Zacatecas, con uno; Tlaxcala y Baja California Sur, con 3; Nuevo León y Nayarit, con 5; Sinaloa y San Luis Potosí, con 7; y Yucatán, con 8.
Cualquier comunicador o defensor puede solicitar su ingreso al mecanismo
Amir Ibrahim Mohammed Alfie, secretario de la organización Periodistas Desplazados, confirmó que Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, son las entidades del país con el mayor número de periodistas y defensores de Derechos Humanos se encuentran bajo el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, en el cual aparecen 65 personas beneficiadas de Quintana Roo.
Agregó que Quintana Roo es el noveno estado del país con el mayor número de periodistas y defensores beneficiados, aunque por sectores aparece en la cuarta posición de comunicadores y en la décimo segunda con los representantes de derechos humanos.
Destacó que de los 65 beneficiados del mecanismo de la Segob en Quintana Roo, 25 son defensores, 20 mujeres y 5 hombres; y 40 son periodistas, 12 mujeres y 28 hombres.
Dejó en claro que cualquier comunicador o defensor de derechos humanos si considera que se encuentra en una situación vulnerable, puede solicitar su ingreso a este organismo, en donde puede contar con diversos mecanismos de protección, dependiendo del nivel de riesgo, con escoltas, inmueble con infraestructura, botón de asistencia y patrullajes, entre otros.
Profesión de alto riesgo en México
De acuerdo a la ONU, México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y diversas organizaciones internacionales especializadas en analizar la situación de la prensa a nivel mundial como Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, Artículo 19, entre otras, tienen estadísticas sobre esta situación.
Estadísticas documentadas por la última organización, menciona que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 28 comunicadores. En 23 días de iniciado este 2022 ya suman 3 periodistas asesinados:
- José Luis Gamboa, 10 de enero, Veracruz
- Margarito Martínez Esquivel, 17 de enero, Tijuana
- Lourdes Maldonado, 23 de enero, Tijuana
Artículo 19 ha documentado del año 2000 a la fecha 148 asesinatos de periodistas en relación con su labor informativa. Del total, 136 hombres y 12 mujeres.
La agrupación menciona que se ve con rabia e indignación, que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, porque matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento.
Casos como el de Lourdes Maldonado, quien notificó al Mecanismo federal y estatal, que temía por su vida, pone en evidencia no sólo la limitada capacidad con la que cuentan los estados para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita e incluso para incorporar las necesidades y contextos diferenciados, sino que visibiliza la falta de una perspectiva de protección integral.