El presidente López Obrador aseguró que todas las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrán iniciar operaciones gracias a la resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permitieron elevar la Ley de la Industria Eléctrica a rango constitucional.
“Como se declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica que presentamos inicialmente, ya que se elevó a rango constitucional, la CFE puede poner a producir todas sus plantas, porque no podía hacerlo”, dijo este miércoles.
La Corte validó a inicios de abril que la Ley de la Industria Eléctrica beneficiara a la CFE en el despacho de energía.
Se necesitaban ocho votos para declarar la inconstitucionalidad; sin embargo, cuatro de los ministros votaron por la completa validez del proyecto.
Ahora, con la declaración de constitucional y con las controversias de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del gobierno de Colima desechadas, la Comisión tendrá la capacidad de aumentar su despacho de energía del 38 al 55 por ciento en una primera etapa legal, indicó Obrador.
“De 200 plantas que generan energía eléctrica, no se podían utilizar alrededor del 70 por ciento, no podían utilizarse y ahora se van a poder utilizar todas las plantas, todas las hidroeléctricas”, detalló.
Esto incluye a las tres plantas hidroeléctricas de Nayarit: Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, todas operando por debajo de su capacidad para beneficiar a productores privados.
Según acusa el presidente, las tres generadoras de energía estaban subutilizadas deliberadamente para permitir que las empresas privadas captaran la mayor parte del despacho eléctrico.
Corte desecha controversias
El máximo tribunal desechó a inicios de esta semana las dos controversias constitucionales presentadas por la Cofece y por el gobierno de Colima.
En el caso de la comisión, los ministros argumentaron que los cambios a la Ley no afectaban su ámbito de competencia ya que estaba impugnando la libre competencia en el ámbito energético.
En cuanto a la impugnación del gobierno de Colima, determinaron que no se podía validar su inaplicación en dicho estado al ser una ley federal que trasciende todo el territorio nacional.
Esta era la última controversia en contra de la Ley por lo que al haberla desechado, la Suprema Corte resolvió de manera definitiva este asunto.