La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la expulsión de Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa y actual embajador de México en España, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lo anterior, al considerar que se acreditó la “desobediencia” de Ordaz a la determinación de la autoridad partidaria de que no debía aceptar ser embajador, como le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En sesión pública, la mayoría de magistrados avalaron la determinación de los órganos de gobierno del PRI que subrayaron que Quirino Ordaz no podía aceptar dicho cargo diplomático y, al desobedecer la orden, se le expulsó del partido.
El PRI señaló que la gravedad de la conducta de Quirino Ordaz radicó en que “deliberadamente desobedeció” la determinación del máximo órgano de dirección colegiada del instituto político.
La mayoría de los magistrados se pronunciaron a favor del proyecto de sentencia del magistrado Indalfer Infante González, de validar la expulsión del Ordaz de las filas del Revolucionario Institucional.
Los magistrados que votaron a favor del proyecto fueron Janine Otálora Malassis, Indalfer Infante González, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y el presidente Reyes Rodríguez Mondragón.
Vargas Valdez considera estatus del PRI como inconstitucionales
En contraste, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado José Luis Vargas Valdez se pronunciaron contra el proyecto, al advertir que integrarse al sistema diplomático nacional no significa una adhesión política a otro partido.
Vargas consideró como un exceso lo previsto Artículo 63 de la Ley Estatutaria del PRI que prohíbe a los miembros de ese partido asumir un cargo emanado de otro partido y pidió declarar dicho precepto como inconstitucional.
Dijo que dicho artículo no pasaría un test de proporcionalidad, pues choca con la finalidad de los propios partidos y viola derechos fundamentales al restringir de manera absoluta asumir un cargo público en un gobierno emanado de otro partido.
Consideró que el hecho de que se acepte un cargo en un Gobierno emanado de otro partido no trae de manera implícita una deslealtad a los valores y principios de su partido.
“La representación de México en el extranjero son cargos nominados por el Senador de la República, cuya mayoría es calificada y en ese supuesto me parece que se convierten en representantes del Estado mexicano”, agregó.