Expertos en derecho ambiental señalan que la falta de una Autorización de Impacto Ambiental, razón por la cuál un juez otorgó la suspensión definitiva del tramo 5 de la construcción del Tren Maya, no es el único problema.
Por un lado, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en derecho ambiental, Raziel Villegas, expuso en entrevista con El Financiero que el gobierno tenía que haber tramitado un cambio de uso de suelo antes de iniciar las obras, cosa que no realizó.
Según el abogado, el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable obliga a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a retrasar las autorizaciones para que continúen las obras.
“Cuando se remueve la vegetación forestal de manera ilegal, es decir sin contar sin autorización (...) la Semarnat no te da la autorización por un plazo de 20 años. Esto significa que lo que hicieron de manera ilegal, en el mundo del deber ser mataría el proyecto”, detalló.
Villegas agregó que el Gobierno no tiene los títulos de propiedad para los terrenos donde se está llevando a cabo la construcción, lo que sólo representa una imposición más a la construcción del Tren Maya.
En este sentido, agregó que era imposible que se pudiera realizar el trámite ya que “un requisito para pedir la autorización es acreditar con los títulos de propiedad de que soy dueño de esos terrenos que les quiero quitar la vegetación, y no los tiene el Gobierno Federal”.
Los ‘pecados’ del Tren Maya
Por otro lado, el abogado ambientalista Luis Esparza explicó a El Financiero que estos estudios se tenían que haber realizado antes de que se iniciara la obra.
Al hablar específicamente sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), Esparza expuso que esta tuvo que haber sido presentada antes de que iniciara la obra, y no se podía mover “ni una piedra” mientras fuera autorizada.
Además, agregó que el decreto presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que esta obra no requiera los permisos no tiene ninguna validez, ya que lo que está haciendo es legislar en materia ambiental, algo que es facultad exclusiva del poder legislativo.
El especialista indicó que el presidente utiliza figuras que no aplican en el derecho ambiental, sin embargo, utiliza estos términos como un intento para seguir impulsando la construcción del tren.
“Cuando habla de una autorización provisional, pues eso no está establecido en la ley. (De igual forma) cuando dice que pasados cinco días no se otorga la autorización se entiende que hay una afirmativa, pues esta tampoco está prevista en materia ambiental”, concluyó.