En la entrega del primer paquete de resultados de auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por mil 38 millones de pesos en el ejercicio del gasto público federal.
En su informe precisa que durante el proceso de fiscalización se recuperaron 201.9 millones de pesos y que faltan por aclarar 836.3 millones. La ASF aclara que el mayor número de irregularidades se observa en el rubro del gasto federalizado –en estados y municipios–, donde observó faltas por 637.8 millones, se reintegraron 190.6 millones y aún se deben comprobar 447.2.
En el paquete entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la ASF incluye 207 informes individuales, de los que 169 corresponden al gasto federalizado, 12 al grupo funcional del gobierno, 12 a desarrollo social y 14 a desarrollo económico, expone. Entre las dependencias con observaciones relevantes aparecen la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con 120.7 millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con 115.3 millones, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 92.5 millones de pesos.
Señala que, del monto por aclarar del gasto federalizado, el importe más alto se presentó en San Luis Potosí, donde fue de 10.3 por ciento; en Michoacán, de 10.1 por ciento, y en Coahuila, de 5.8 por ciento.
Subraya también que uno de los rubros más observados es el fondo federal de apoyo a la Seguridad Pública, en el que el monto observado inicial fue 819.6 millones de pesos, de los cuales se aclararon 567.4 millones y faltan por comprobar 252.2.
Entre las irregularidades observadas destacan: bienes adquiridos no localizados o que no operan, o servicios no realizados, falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto, recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, penas convencionales no aplicadas u otras irregularidades.
La ASF resaltó que hay “bienes adquiridos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que no fueron suministrados a la entidad federativa, por 192.6 millones de pesos, lo que representa 77 por ciento del monto total observado”.
En el informe se indica que se emitieron 266 acciones, que fueron 110 recomendaciones, siete promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 22 solicitudes de aclaración, 94 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 33 pliegos de observaciones. No se mencionan denuncias penales.
Entre gritos y descalificaciones, la diputada de Morena Inés Parra acusó al auditor David Colmenares Páramo de que “se ha comportado más como un auditor de golpeteo político, ahí está el caso del aeropuerto de Texcoco, y no como un verdadero auditor que combata la corrupción”.
“Si la ASF detectó irregularidades, no sólo debe quedarse la denuncia en medios de comunicación, debe hacerse la denuncia de hechos ante las Fiscalías correspondientes. Ejerza esa acción, ahí usted tiene un rezago pendiente”, le reclamó.
“Y lo otro es que el buen juez por su casa empieza, y nos debe una aclaración sobre las remodelaciones suntuarias de los edificios de la ASF del Ajusco y de la calle Morelos. En el combate a la corrupción, ni perdón ni olvido. Auditor, ¿para cuándo aclara esa situación en el pleno de esta Comisión de Vigilancia?”, cuestionó.
En respuesta, en un mensaje vía Zoom, el auditor sostuvo que “la fiscalización superior no se ve afectada por procesos de tipo político, como la celebración de comicios y los cambios administrativos que se derivan de éstos. Cualquier consideración distinta del proceso de auditoría está excluida de los procesos de fiscalización”.
También advirtió que es necesario perfeccionar la realización de las grandes obras públicas en el país. “En este rubro, hay una necesidad permanente de que se cuente con mecanismos cada vez más eficaces y eficientes para constatar la calidad de los trabajos, así como su impacto, en términos del beneficio social que buscan propiciar”.
Recomendó “mejorar la integración de los proyectos ejecutivos de las obras, desde los análisis de impacto ambiental, permisos y trámites necesarios para la construcción de proyectos de obra pública, hasta los estudios de ingeniería básica y de detalle, incluyendo los necesarios en materia estructural, urbanística y de mecánica de suelos”.
