El juez Juan Pablo Gómez Fierro, Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó el primer amparo en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Este fue otorgado al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), al considerar que esta ley es contraria al derecho a un medio ambiente sano.
Según el amparo, esta norma “restringe y modifica los incentivos existentes para la transición energética, además de no contemplar inversiones propias para alcanzar dicha transición”.
Según la sentencia del juez Gómez Fierro, esta ley también afecta esta garantía al establecer un orden de prioridad en el despacho de energía en el que se deja en segundo término el suministro de energías limpias.
En este sentido, el amparo reconoce que una de las consecuencias de esta norma es desplazar en el orden de suministro la operación de centrales eléctricas que operen con fuentes limpias y menos costosas.
Al mismo tiempo, el juzgador sostuvo que “la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad para el Estado lo que, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se cumple con las disposiciones reformadas de la Ley de la Industria Eléctrica”.
En abril de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la inconstitucionalidad de la LIE después de que no se alcanzara la mayoría calificada de ocho votos.
Como explicó el académico Fernando Ojesto, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en entrevista con EL FINANCIERO, al desecharse la inconstitucionalidad la ley se mantuvo vigente.
Sin embargo, al haber una mayoría de siete ministros que se pronunciaron en contra de la constitucionalidad de esta, se abrió el camino para que se pudieran otorgar amparos en contra de la norma.