El ajusticiamiento de los feminicidios en México cava su propia tumba en los Ministerios Públicos del país: tres falencias en su sistema sellan la impunidad.
Casos como el de Luz Raquel Padilla, Yolanda Martínez Cadena y Debanhi Escobar ilustran la falta de aplicación de protocolos con perspectiva de género en la construcción de las teorías del caso, la poca o nula preparación de los agentes investigadores que impiden que las muertes violentas de mujeres sean consideradas como feminicidios, así como una legislación ambigua que, al no unificar criterios para la conceptualización de violencia de género, da paso libre a la impunidad.
La primera gran falencia del sistema está en el desinterés de los Ministerios Públicos para prevenir los feminicidios, considera Viridiana Amaranta Valgañón, abogada litigante de Equis Justicia.
“Cuando una mujer acude a denunciar algún tipo de violencia, los Ministerios Públicos desestiman las denuncias, les proponen soluciones que no son soluciones: las citan para otro día y no toman en cuenta que la mujer que logró escapar de una situación de violencia no volverá al día siguiente por falta de recursos económicos, porque no cuenta con la posibilidad o porque la situación de riesgo en la que se encuentra se agrava”.
A pesar de que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que las autoridades competentes tienen la obligación de implementar las acciones y medidas preventivas, correctivas, de atención, de seguridad, de procuración e impartición de justicia que correspondan, cuando las mujeres acuden a los Ministerios Públicos a solicitar medidas de protección para que sus agresores no se les acerquen o para que se les brinde monitoreo por parte de policías, estos rechazan la solicitud bajo el argumento de que se tiene que acreditar la ejecución de un delito.
La muerte de Margarita Ceceña, quien fue rociada con gasolina, pudo evitarse. Su madre cuenta que días previos al ataque su hija se presentó ante la Fiscalía de Cuautla con golpes, rasguños y sangre para denunciar violencia física, sin embargo, las autoridades decidieron no proceder.
La segunda falla en los MP se presenta en la desestimación de las voces de testimonios que ayudan a constatar que el motivo del asesinato fue por razones de género: si las madres acuden a denunciar, las autoridades asumen que su declaración presenta sesgos por su familiaridad con la víctima y si se trata de los hijos de la víctima, que regularmente son menores de edad, los operadores argumentan que por su corta edad no pueden aportar datos de prueba a una carpeta de investigación, “aún cuando los protocolos dicen que los testimonios de niñas, niños y adolescentes sí deben ser tomados en cuenta”, refiere Viridiana.
La tercera deficiencia se presenta en la falta de aplicación de los protocolos de perspectiva de género en la construcción de teorías del caso.
“Tenemos a Ministerios cuyas líneas de investigación principales son el suicidio porque desestiman las voces que indican que la víctima estaba inmersa en escenarios de violencia cotidiana. Lo que hace el MP, montado sobre estereotipos y especulaciones basadas en creencias, es determinar que es un suicidio”, explica Valgañón.
Fue lo que ocurrió en el caso de Yolanda Martínez Cadena. La Fiscalía de Nuevo León señaló el suicidio como la causa de su muerte debido a que al lado de su cuerpo se encontraron envases con veneno, un tubo con una sustancia para fumigación de granos y mensajes en los que presuntamente ella se despedía de alguien.
Aún cuando el Código Penal reconoce como razón de género el que “la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida”, las autoridades no tomaron en cuenta que Yolanda permaneció privada de su libertad días previos al hallazgo de su cadáver.
“Toda muerte violenta de una mujer tendría que ser investigada como feminicidio y el MP desvirtúa esto. El MP tendría que construir una mejor teoría del caso con perspectiva de género”.
México debe apostar por Fiscalías especializadas y capacitadas con perspectiva de género.
“Necesitamos que se ocupen de capacitar a todos los elementos. Todos los MP deben saber qué es el género, identificar cuando hay un motivo de género y que sepan cómo tratar a las familias de las víctimas”, arguye Viridiana.
También urge la capacitación y sensibilización de policías y del personal pericial.
Se debe impulsar la homologación de un protocolo para la investigación de feminicidios que se aplique en todo el país y trabajar en la unificación legal del concepto de violencia de género.
La clave está en el adiestramiento adecuado de los operadores de justicia institucional, pues “no importa cuánto se aumenten o se reduzcan las penas, si no hay personas que lo estén aplicando bien”.
Feminicidios al alza
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en junio se registraron 89 feminicidios en México, la cifra más alta del 2022.
Con 82 casos, abril se ubicó como el segundo mes más violento del año, en enero hubo un total de 79 feminicidios; en febrero, 83; en marzo, mes de las mujeres, 75; y en abril hubo 82.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha argumentado que las altas cifras en la materia se deben a que la clasificación del delito de feminicidio inició en su administración, sin embargo, este delito fue tipificado e incorporado al Código Penal Federal en 2012, varios años antes de que el morenista llegara a la Presidencia.