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El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dos de los funcionarios más sénior del Gobierno mexicano, lideran un equipo que trabaja para resolver la disputa comercial presentada por Estados Unidos y Canadá.
El grupo, compuesto por seis figuras clave del Gobierno trata de evitar que el caso pase a un arbitraje potencialmente costoso, según personas familiarizadas con la estrategia del país que pidieron no ser nombradas.
Los vecinos norteamericanos de México presentaron la denuncia el mes pasado contra la política energética nacionalista del Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, argumentando que discrimina a las empresas estadounidenses y canadienses que intentan operar en el país latinoamericano.
Según las reglas de su acuerdo comercial de 2020, conocido como T-MEC, dentro de los 30 días posteriores a la presentación, los funcionarios comenzarán a sostener conversaciones como una primera etapa en el proceso para resolver la disputa.
El equipo destaca el entusiasmo de López Obrador por encontrar una solución negociada. Después de convertir la reactivación de las empresas energéticas estatales de México como la Comisión Federal de Electricidad (CFE)en un pilar de su Gobierno, ahora acude a dos de los miembros de su gabinete más favorables a los negocios para resolver la disputa.
Los países tienen 75 días para llegar a un acuerdo sobre la disputa antes de pasar a los paneles de arbitraje, aunque ese período de negociación podría extenderse con el acuerdo de todas las partes.
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Las personas familiarizadas con el asunto dijeron que México está dispuesto a evitar que la mayor cantidad posible de quejas pasen a esa segunda etapa, lo que podría tener un alto costo económico. Si los paneles fallan en contra de México, es posible que tenga que pagar aranceles por hasta 30 mil millones de dólares en exportaciones, dijeron a Bloomberg News el mes pasado exfuncionarios que negociaron el acuerdo.
Los diálogos previos son “importantes” porque los paneles de resolución de disputas son un “juego suma cero” en el que “puedes ganar todo o perder todo”, dijo Ebrard en un comunicado la semana pasada.
La Secretaría de Relaciones Exteriores no presentó más comentarios para este artículo. Los funcionarios de prensa de la Presidencia de México y la Secretaría de Economía no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El equipo de México para las consultas del T-MEC
El equipo de México también incluye al jefe de unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y a la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora. Los otros dos integrantes son expertos técnicos.
Si bien sería políticamente inviable que la Administración López Obrador aceptara cambiar las leyes energéticas recientes del país a instancias de Estados Unidos y Canadá, el Gobierno se enfoca en resolver casos individuales con empresas estadounidenses y canadienses en un esfuerzo por tratar de disipar la disputa, comentó una de las personas.
La respuesta pública de López Obrador ha sido una promesa beligerante de defender la soberanía de México, pero tras bambalinas, México está haciendo un esfuerzo real para comprender y abordar las preocupaciones de Estados Unidos y Canadá, dijo otra persona familiarizada con su estrategia.
El presidente podría ser pragmático y, si se le da la oportunidad de una salida para salvar las apariencias, podría tomar medidas para suavizar las reglas y abordar las preocupaciones, dijo una persona, que también pidió el anonimato.
Clouthier envió la semana pasada una carta a Rocío Nahle, la secretaria de Energía que ejecuta las políticas nacionalistas de López Obrador para la industria, solicitando apoyo técnico para “formular soluciones” que puedan apaciguar a los socios comerciales del país, según una copia de la misiva vista por Bloomberg News.
Desde que asumió el poder a finales de 2018, López Obrador ha buscado revertir la apertura a la inversión privada y extranjera en el sector energético aprobada hace casi una década, dando de nuevo al gigante estatal Petróleos Mexicanos y la empresa de servicios públicos de la nación el control sobre la industria.