La noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Fue uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México. Este jueves 18 de agosto, el gobierno mexicano concluye que fue un “crimen de Estado”.
El sexenio anterior encabezado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, tenía su propia versión oficial que llamó la “verdad histórica”. El informe establecía que una banda del crimen organizado conocida como Guerreros Unidos, secuestró y ordenó el asesinato de los estudiantes. Hoy todo esto se cae en propia voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación.
“La llamada verdad histórica del gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes”, sentenció Encinas en su informe presentado este jueves con las conclusiones del caso.
Así ha cambiado la ‘verdad histórica’ del gobierno de EPN
Fue el 27 de enero de 2015, cuando la investigación realizada en el sexenio de Peña Nieto y encabezada por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró que la “verdad histórica” es que los 43 normalistas de Ayotzinapa “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.
“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, sentenció en ese entonces Murillo Karam.
Transcurridos prácticamente ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, y siete de la “verdad histórica” de Enrique Peña Nieto, muchas cosas han cambiado desde que el exprocurador Murillo Karam diera a conocer los resultados de la indagación. Aquí algunos puntos sobresalientes.
1. El informe de Peña Nieto decía que no existían pruebas de que autoridades locales o federales participaran en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Sin embargo, Alejandro Encinas dijo que fue “un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
2. La versión oficial del gobierno de EPN afirma que el grupo Guerreros Unidos confundió a los jóvenes normalistas con sicarios de una banda rival, los Rojos. Según PGR, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula. Encinas dice que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
3. Según la polémica versión del sexenio anterior, los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala y entregados a Guerreros Unidos. El informe de Alejandro Encinas explica que autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio.
4. Las conclusiones de la presente administración afirman que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF en la entidad, como sugería la “verdad histórica” de Peña Nieto.