Por acuerdo de la Presidencia, la Guardia Nacional formará parte de la Sedena, institución desacreditada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tiene registro de al menos 40 recomendaciones, tan solo en el periodo 2018-2020, por casos de tortura, abusos, detenciones arbitrarias y retenciones ilegales ejecutadas por agentes de esta dependencia.
Las recomendaciones dictaminadas por la CNDH dan cuenta de casos graves cometidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.
En octubre de 2014, durante un operativo en el municipio de Luvianos, Estado de México, militares de la Sedena dispararon a quemarropa contra seis civiles que no estaban armados. Entre las víctimas estaban dos mujeres adolescentes.
Ese año, elementos de la corporación ultimaron a un comandante de la Policía Ministerial de Guerrero, determinándose que ejecutaron uso excesivo de la fuerza, sin que previamente utilizaran la racionalidad, ni la mediación.
En 2012, agentes de esta Secretaría arribaron al poblado “Las Parotas”, en el municipio de Tuzantla, Michoacán, y sacaron de su domicilio a un hombre, a quien, en presencia de su familia, golpearon en diversas partes del cuerpo con la finalidad de que aceptara que llevaba en un costal: siete armas largas, 808 cartuchos, 33 cargadores y que pertenecía a una organización criminal.
Integrantes de la corporación fueron acusados de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y violencia sexual en agravio de cuatro personas y la ejecución de tres de ellas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en enero de 2016.
La lista de casos de abusos cometidos por integrantes de la Sedena es larga y enciende las alarmas sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende asestar jurídicamente en materia de seguridad pública: la sujeción de la Guardia Nacional a las fuerzas militares del Estado.
Estrategia de seguridad destinada al fracaso
Cuando inició el sexenio, AMLO dejó claro que militarizar la seguridad pública no representaba una opción en su Gobierno.
“Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial (...) El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos (...) Ni el Ejército ni la Marina se han utilizado, ni se utilizarán para reprimir al pueblo”, señaló el presidente López Obrador en su primer informe de Gobierno.
Sin embargo, su discurso ha cambiado anclando la militarización como eje rector de la seguridad. ¿La nueva estrategia podría funcionar?
“Esto de que los militares no se corrompen es falso, así como la idea de que los militares son muy eficaces en el combate a la inseguridad. Los militares tampoco tienen capacidad de investigación policial, no creo que funcione, no creo que sea el camino correcto, tardarán cuando menos 10 años en generar capacidad de investigación policial y hasta el momento están totalmente desarticulados”, refirió David Saucedo, experto en seguridad pública, en entrevista con El Financiero.
“No hay una mejora, la Guardia Nacional ha llegado a distintos estados del país en donde ha habido brotes de violencia y no ha mejorado el tema de la inseguridad. Es apostarle a una estrategia que no va para ningún lado”, advirtió el especialista.
La decisión de que la Guardia Nacional pase a la Sedena visibiliza el fallo de la estrategia de este sexenio.
“El presidente pensó erróneamente que iba a ver resultados, pensó que iba a ver una legitimidad de facto, ya no tiene les mayorías legislativas para avanzar con su propuesta (...) él pensó que los militares al frente de la seguridad pública iban a reducir los niveles de violencia iban a mejorar, pero el sexenio se está terminando y tiene que dejar él un andamiaje jurídico institucional para darle consolidación a este tema”, comentó Saucedo.