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Reanudan audiencia de Jesús Murillo Karam en el Reclusorio Norte por caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República acusa al exprocurador de los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia.

El exprocurador general es uno de 33 exfuncionarios señalados de fabricar la 'Verdad Histórica' (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

Se reanudó este sábado la audiencia del exprocurador general, Jesús Murillo Karam, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarle los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia.

El juez de control Marco Antonio Fuerte había declarado un receso de una hora en la audiencia inicial de Murillo Karam, esto para que la defense legal del exprocurador pudiera revisar el expediente.

El autor de la llamada ‘Verdad Histórica’ de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas fue aprehendido el viernes por la tarde cuando salía de su domicilio en Lomas de Chapultepec.

Esa versión sobre lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 ha sido criticada por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y encargado de la investigación sobre el paradero de los estudiantes.


“La llamada ‘Verdad Histórica’ del Gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes”, sentenció Encinas en su informe de esta semana.

Fue el 27 de enero de 2015 cuando la investigación, realizada en el sexenio de Peña Nieto y encabezada por Murillo Karam, aseguró que los 43 normalistas de Ayotzinapa “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”, sentenció en ese entonces el titular de la desaparecida PGR.

Tras la detención de Murillo Karam, un juez del Estado de México liberó 83 órdenes de aprehensión contra autoridades estatales y federales que estuvieron presuntamente involucradas en la desaparición de los normalistas.

La orden se dio a petición de la FGR, la cual ordenó aprehender a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 Batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero.

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