Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, podría recibir hasta 82 años de cárcel por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia.
Murillo Karam fue imputado por la FGR de estos ilícitos al considerar que fraguó premeditada y dolosamente la verdad histórica de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por desaparición forzada podría recibir entre 40 y 60 años de cárcel; por tortura, de 3 a 12 años, y por delitos contra la administración de la justicia, de 4 y 10 años. La FGR utilizó el testimonio de Bernardo Cano, exsecretario particular de Tomás Zerón y convertido en testigo protegido, para acusar a Murillo Karam de fraguar la verdad histórica en un cónclave celebrado en octubre de 2014.
Al encuentro, según el testigo, concurrieron los exfuncionarios de la PGR Tomás Zerón, Gualberto Ramírez, José Luis Martínez y Carlos Gómez Arrieta. Así como Omar García Harfuch, exdelegado de la PF en Guerrero y hoy jefe de la Policía de CDMX, y el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Según la imputación, Murillo Karam, en forma premeditada, ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar la verdad del caso. Además, consintió la tortura a 6 miembros de Guerreros Unidos y ordenó ocultar el paradero de los 43.
El exprocurador fue detenido el 19 de agosto cuando salía de su domicilio ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec.
La detención de Murillo Karam ocurrió un día después de que el Gobierno federal presentara las conclusiones preliminares de la investigación hecha sobre el paradero de los estudiantes de Iguala.
Uno de los puntos señalados por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, fue que las autoridades federales y estatales del más alto nivel de ese entonces fueron “omisas y negligentes” con el caso.