Desde la tribuna del Congreso de la Unión, diputados y senadores de Morena y del PT demandaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no dejar “intocables” ni incurrir en “pactos de impunidad” en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
“Se debe llegar hasta el fondo, sin intocables y hasta saber quién dio la orden y se avance en el proceso. Ni olvido ni impunidad. Si fue un crimen de Estado, hubo la participación de autoridades federales, estatales y municipales”, reclamó la senadora morenista Imelda Castro. “Si se tiene que ir contra el expresidente Peña y contra otros exfuncionarios de alto nivel, que se vaya. No debe haber impunidad para nadie”, subrayó.
El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, puso el tema en tribuna al reclamar que “hay un nuevo grupo de intocables. No es verosímil que el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ni el entonces comandante de la Octava Región Naval Militar en Acapulco y hoy secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, no estaban enterados; claro que estuvieron enterados, igual que el entonces presidente Peña Nieto”, dijo.
El diputado Gerardo Fernández, del PT, aseguró que “yo comparto que no debe haber intocables y sostengo que se debe proceder en contra del expresidente Peña, que se indague y se proceda, si hay elementos, contra Cienfuegos, contra Ojeda y todos los que tengan alguna responsabilidad”.
El diputado del PAN Jorge Espadas exigió que no haya “pactos de impunidad” ni “intocables” “sólo porque el presidente López Obrador ya exculpó a algunos desde la mañanera, como al hoy titular de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch”.
En respuesta, el diputado priista José Yunes sostuvo que “en el PRI estamos dispuestos a colaborar para que se llegue hasta las últimas consecuencias”, pero criticó que el actual gobierno “hace un uso político del caso”.
La senadora priista Claudia Ruiz Massieu demandó “el esclarecimiento de los hechos” hasta “dar con los responsables”, pero exigió el “respeto escrupuloso del debido proceso” y la observancia de las medidas cautelares contra el exprocurador Murillo Karam, a quien –dijo– “respaldamos totalmente”. Rechazó la “versión falaz” de que se trató de un crimen de Estado y demandó que “la justicia no sea utilizada con fines políticos”.