La iniciativa de reformas a la Guardia Nacional no define con claridad los mandos de este cuerpo policiaco y aclara que no habrá recursos adicionales para su manutención y operación en el país.
El documento enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados señala que este nuevo cuerpo continuará “adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)”, pero indica también que será la Secretaría de la Defensa Nacional la encargada de su total actuación.
“A la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponden las facultades siguientes: I. Ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y cuando la persona titular del Ejecutivo Federal disponga de su intervención para el auxilio de la Fuerza Armada permanente en el ejercicio de sus misiones; II. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional; III. Elaborar los programas operativos y estrategias de la Guardia Nacional”.
También, de acuerdo con los oficios de la Secretaría de Hacienda, esta disposición para la existencia de la Guardia Nacional “no tendrá un impacto presupuestal” adicional, y se pagará con parte de los presupuestos de las secretarías de Seguridad, de la Defensa y de la Marina.
“Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el presente ejercicio fiscal, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos”, indica el proyecto del Ejecutivo.
“El anteproyecto no implicará un impacto presupuestario adicional en los programas aprobados en la Sedena para el presente ejercicio y subsecuentes”, precisa la Sedena.
En su amplia exposición de motivos, la iniciativa argumenta que “la creación de la Guardia Nacional es resultado del esfuerzo institucional del Estado mexicano en materia policial, para garantizar la seguridad pública frente a las profundas afectaciones que el crimen organizado ha generado en la vida económica, política y social del país, agravadas por la estrategia conocida como ´guerra contra el narcotráfico´, iniciada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como por su incapacidad para garantizar justicia y reparación a las víctimas de la grave crisis resultante en materia de derechos humanos”.
“En el marco de dicha ´estrategia´ ´fallida´, la corrupción e impunidad promovidas por los vínculos entre criminales y autoridades llevó a una elevada infiltración desde las policías estatales, municipales y la Policía Federal, hasta los más altos niveles en las estructuras gubernamentales, particularmente, en las extintas Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la República”, señala.
Sin embargo, para diversos legisladores de los partidos de oposición del PRI, PAN, PRD y MC, la iniciativa es sólo la “justificación” y el “disfraz” para la militarización del país y de su seguridad pública.